El Defensor del Pueblo desistió en el último momento de recurrir contra la ley del catalán

Una carta de contenido "muy duro" que el síndic de greuges, Anton Cañellas, dirigió al defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, desempeñó un papel determinante para que éste suspendiera su decisión de presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística y aplazara su dictamen definitivo hasta después de haber consultado "a uno de los más prestigiosos constitucionalistas ".

Así lo aseguró ayer el propio Anton Cañellas, quien durante su discurso de presentación del informe anual de la sindicatura en el Parlament reveló que intervino en el asunto antes y después del día 2 de abril, fecha en que el Álvarez de Miranda le comunicó personalmente su decisión de recurrir contra ley a "a la vista de los informes que había requerido a tres destacados juristas". Cañellas aseguró ayer que, tras la carta, Álvarez de Miranda se comprometió a reconsiderar su decisión y encargar un último informe jurídico y que el día 8 del mismo mes, seis días después de ese compromiso, el Defensor del Pueblo emitió su dictamen definitivo, por el que desestimaba la petición de presentar recurso que le había planteado Convivencia Cívica Catalana, la plataforma liderada por Aleix Vidal-Quadras. Cañellas eludió ayer atribuirse los méritos de este cambio de actitud del Defensor del Pueblo. "Sería aventurado decir que gracias a mí no se ha presentado el recurso. Podría ser, pero es una incógnita". "Yo sólo intervine", prosiguió, "para ayudar al Defensor del Pueblo a decidir con total libertad, y le pedí que reconsiderara su postura por escrito y razonadamente". Sin embargo, el propio Cañellas no ocultó que el día 2, en el mismo momento en que el Defensor le comunicó su decisión de recurrir, se ofreció a viajar a Madrid para intentar convencerle de que no lo hiciera. También reveló que en la misiva que dirigió al Defensor del Pueblo le expresaba de forma "bastante dura" su profundo malestar porque no le había consultado "pese a que se trataba de decidir si una ley del Parlament vulneraba los derechos de los ciudadanos de este país". "Consideré que el Defensor no debía tomar una decisión definitiva sin escuchar la opinión de quien tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades de Cataluña, opinión que no se me había pedido hasta entonces", añadió Cañellas. Álvarez de Miranda trasladó sus disculpas al Síndic y argumentó que si no le había consultado era para evitar involucrarle en su decisión. Borrador Fuentes del Defensor del Pueblo eludieron ayer vincular la decisión final de Álvarez de Miranda al requerimiento de Cañellas. Sí confirmaron esas fuentes que el pasado día 1 de abril Álvarez de Miranda dio instrucciones a sus colaboradores para que "en principio prepararan un borrador de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística, sin perjuicio de que se procediera a un nuevo estudio de toda la documentación recibida". Finalmente, "tras estudiar los informes pertinentes", el Defensor del Pueblo optó por no presentar el recurso contra la ley, aunque propuso introducir modificaciones que serán tratadas en la reunión que celebrará Álvarez de Miranda con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el próximo día 12. El Síndic se ha ofrecido al Defensor del Pueblo a colaborar en el seguimiento de la aplicación de la ley del catalán. Por otra parte, el primer secretario del PSC, Narcís Serra, criticó anoche en Santa Coloma de Gramenet al presidente Pujol por sus palabras sobre que si el catalán se consolida será a costa del castellano "Cualquier declaración que pueda ser malinterpretada por los ciudadanos se debe evitar. Y el presidente de la Generalitat debe ser el primero en hacerlo", dijo Serra. PASA A LA PÁGINA 3