El Síndic pide revisar la política de servicios sociales porque la actual es insuficiente

VIENE DE LA PÁGINA 1 El síndic de greuges, Anton Cañellas, reclama una reforma en profundidad del Estado de bienestar porque considera que el actual no da respuesta a un fenómeno que va unido a la pobreza, pero que es mucho más amplio y más complejo de resolver : la exclusión social. El Síndic propone abrir un amplio debate sobre esta cuestión y pide que el Parlament revise el concepto de interés público general y defina cuáles son los servicios "esenciales" y cómo deben funcionar, lo que permitiría, según Cañellas, "disponer de la acción que falta en estos momentos para poder ejercer determinados derechos sociales que eviten situaciones de exclusión social". Estas recomendaciones aparecen en el denominado Llibre Segon, incluido en el informe anual que ayer se presentó en comisión en el Parlament. Como primera medida para actuar sobre las personas y colectivos más marginados, el Síndic propone a la Administración asumir que " nos encontramos ante un sistema que, pese a los notables avances en distintos ámbitos, como la universalización de la enseñanza y de la sanidad, genera excluidos". También aconseja que se intente conciliar el interés de las mayorías con el de las minorías más desfavorecidas. En el Llibre Segon, Cañellas constata que el actual Estado de bienestar no tiene en cuenta los cambios que se han producido en los últimos años en el perfil de los marginados. Precisa, por ejemplo, que ha aumentado el número de mujeres con cargas familiares y que ha surgido una nueva pobreza, la de los jóvenes de en torno a 25 años, "que están en la calle y que muestran una actitud más agresiva que la de las personas mayores en la misma situación". El Síndic reconoce el papel de los servicios de atención primaria por su tarea preventiva y asistencial. Sin embargo, reclama que la Administración dispense a los usuarios de estos servicios un trato más personalizado y menos burocrático. Especialmente crítico se muestra el Síndic con las pensiones de jubilación y las no contributivas, que "no dan para vivir". Constata la falta de vivienda y el déficit de recursos para el enfermo crónico, además de reprochar que la red de salud mental es inadecuada para los ciudadanos excluidos. Cañellas admite que una mejora de las prestaciones a los más marginados puede suponer un recorte de las dirigidas al resto de ciudadanos. En su informe, el Síndic aborda también las siguientes cuestiones: » Inmigración. En su informe anual, el Síndic se muestra partidario de reformar la Ley de Extranjería porque "el actual marco legal ha tocado techo". Propone a las fuerzas políticas estudiar la posibilidad de que los inmigrantes extracomunitarios tengan derecho a voto en las elecciones municipales; destaca que los inmigrantes tienen dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales, y critica la lentitud de los trámites para conseguir el reagrupamiento familiar de estas personas. » Depósitos de detenidos. El informe del Síndic recrimina las "precarias" condiciones de habitabilidad de los depósitos municipales de detenidos y llega a recomendar el "cierre inmediato" de los de Sant Feliu de Guíxols y La Bisbal. Sólo Manresa dispone de una celda municipal en condiciones para los arrestos de fin de semana. » Seguridad ciudadana. El Síndic revela en su informe que se mantienen las prácticas abusivas y prepotentes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en las operaciones de identificación o detención de personas. » Administración. Asimismoconstata que las administraciones deben mejorar sus servicios de información al ciudadano y destaca que la resolución de expedientes de petición de ayudas es excesivamente lenta. Y también reprocha el retraso de la Administración en la devolución de ingresos a los ciudadanos. » Descentralización. El proceso de descentralización de la sindicatura que ha iniciado Anton Cañellas desplazándose durante un día a varias localidades catalanas fue aplaudido ayer por todos los grupos parlamentarios en la comisión. Algunos grupos, como el de ERC, apostaron por la apertura de oficinas fuera de Cataluña, propuesta que Cañellas rechazó alegando que su institución no dispone de los recursos necesarios para ello.