Las cadenas privadas rechazan la versión del Gobierno de la directiva TV sin Fronteras

Representantes de las televisiones privadas sacaron ayer los colores al proyecto de ley remitido al Congreso por el Gobierno, que aplicará a la legislación española la nueva directiva europea de Televisión sin Fronteras. Altos cargos de Antena 3, Tele 5 y Sogecable (empresa propietaria de Canal + y Canal Satélite Digital), que comparecieron en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, expusieron toda una serie de defectos del proyecto de ley y manifestaron explícitamente su rechazo a que la legislación española vaya más lejos de lo que la directiva europea prevé en materia de limitaciones publicitarias y de obligatoriedad de cuotas de emisión de producciones europeas o específicamente españolas.

Juan José Nieto, consejero delegado de Antena 3, y Maurizio Carlotti, consejero delegado de Tele 5, pusieron el énfasis en la discriminación que supone un mismo tratamiento para las televisiones privadas y públicas, cuando estas últimas tienen un sistema de doble financiación (ingresos publicitarios más recursos públicos). Una postura distinta a la del director comercial de RTVE, Javier Cordero, quien defendió el proyecto elaborado por el Gobierno para la aplicación de la directiva.Por su parte, Miguel Satrústegui, secretario general de Sogecable, destacó dos hechos: en primer lugar, su sorpresa porque el Ministerio de Fomento comunique a la Comisión Europea unas tasas de cumplimiento de las cuotas de emisión de obras europeas por parte de Canal + inferiores a la que la propia cadena remite al ministerio. Así, si el índice de cumplimiento de Canal + en 1995 fue del 51%, los datos enviados por Fomento a Bruselas lo rebajan al 39%. Y la discrepancia se acentuó al año siguiente: esa cuota fue del 60% en 1996, según Canal +, frente al 40% del que ha informado el ministerio.

En cuanto a la posibilidad de instaurar cuotas de inversión en productos audiovisuales europeos o nacionales, en sustitución de las cuotas de emisión -una iniciativa lanzada por el comisario europeo Marcelino Oreja en la cumbre audiovisual de Birmingham, que el PP quiere introducir en la ley-, el secretario general de Sogecable dijo que esa medida puede ser interesante, pero que ningún incentivo a la producción de cine español será suficiente «si la televisión pública no cumple con su responsabilidad en el fomento de la producción nacional».

TVE no compra cine

Y puso como ejemplo el hecho de que «TVE no haya comprado desde 1996 ninguna producción de Sogecable, que en el último año ha realizado películas tan taquilleras como Abre los ojos o Perdita Durango ».«La televisión pública», añadió Satrústegui, «debe ser neutral y no hay razón para cerrar de la noche a la mañana la principal ventana de emisión en abierto de películas españolas por el hecho de que Radiotelevisión Española participe en la plataforma Vía Digital».

En cuanto a Canal Satélite, el secretario general de Sogecable señaló que la directiva de Televisión sin Fronteras había sido «vital» para la supervivencia de esta operadora en 1997 frente a los obstáculos para su desarrollo puestos por el Gobierno del PP. Advirtió de la incongruencia de aplicar a una plataforma digital unas restricciones pensadas para las cadenas generalistas. Y recordó que tanto en la ley digital , como en la del fútbol televisado, los legisladores españoles fueron más lejos que Bruselas, con el resultado de que el Gobierno hubo de modificar la primera de ellas y está recurrida la segunda. Canal Satélite ha reclamado una indemnización al Gobierno por los perjuicios que le ha causado una legislación sobre televisión digital finalmente rectificada.

Pedro Pérez, presidente de Vía Digital, afirmó que las cadenas españolas de televisión pagan una factura excesiva por el cine de Estados Unidos, pero defendió que la directiva tenga en cuenta los nuevos servicios de televisión digital. Esta plataforma tiene actualmente un canal de autopromoción y prevé otro de televenta.

Los representantes de Antena 3 y Tele 5 coincidieron tanto en los defectos del proyecto de ley como en sus remedios. Exigieron un régimen jurídico distinto para las televisiones públicas y privadas, abogando para que sean más estrictas las limitaciones publicitarias y la imposición de cuotas de emisión en el caso de las primeras, así como las sanciones.

Asimismo, rechazaron de plano la introducción de la cuota de inversión en producción europea o nacional. El PP defiende que las cadenas destinen un 5% de su cifra de negocio a este fin, mientras que la Federación de Asociaciones de Productores Españoles (FAPAE) propone que ese porcentaje se eleve al 7%.

Los directivos de Antena 3 y Tele 5 se opusieron también a la imposición de trabas a la contraprogramación -«algo íntimamente conectado al oficio del programador. Se contraprograma porque se compite», en palabras de Carlotti- y reclamaron la necesidad de una autoridad audiovisual neutral e independiente que supervise el cumplimiento de la legislación emanada de la directiva comunitaria.