Una juez de Buenos Aires multa a Telefónica Argentina con un millón de dólares diarios

La juez federal argentina María José Sarmiento impuso ayer a la compañía Telefónica de Argentina, controlada por Telefónica de España, una multa de un millón de dólares (150 millones de pesetas) por cada día de aplicación de las tarifas aprobadas el año pasado por el Gobierno sin el refrendo de la autoridad judicial. Hasta ayer, la multa sumaba un total de 225 millones de dólares (33.750 millones de pesetas). Telefónica anunció que recurrirá la sanción ante la Cámara Federal del Contencioso Administrativo de Buenos Aires «porque contradice sentencias anteriores».

La multa contra Telefónica, de igual cuantía a la aplicada hace 20 días por la misma juez contra Telecom Argentina, competidora de Telefónica y controlada por France Télécom y Telecom Italia, se sustenta en un requerimiento presentado por el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, en el que señala que «es absolutamente ilegal e inadmisible que la empresa, estando notificada de una medida de no innovar, continúe remitiendo facturas de acuerdo a un cuadro tarifario que hoy no se encuentra vigente». Maiorano actuó, a su vez, a solicitud del defensor del pueblo dela provincia de Tucumán.Fuentes jurídicas han reconocido que la sentencia no deja claro si la multa ascenderá a 225 millones de dólares, un millón por cada día de aplicación de las nuevas tarifas, y no se hará efectiva hasta que se resuelva el recurso o si, por el contrario, su cuantía seguirá creciendo -a razón de un millón por día (150 millones de pesetas)- hasta que sea firme. Fuentes de la empresa rehusaron pronunciarse sobre ese aspecto.

El contencioso alrededor de las nuevas tarifas telefónicas se remonta a febrero del año 1997 cuando el Gobierno de Carlos Menem aprobó el decreto 92 / 97, que contempla un aumento de hasta un 70% en las tarifas correspondientes a las llamadas urbanas (el grueso de las comunicaciones en el gran Buenos Aires, por ejemplo), y rebajas similares en las llamadas interurbanas e internacionales.

El decreto provocó una enorme controversia de distinto signo en las provincias y en la capital argentina. Mientras en las zonas del interior del país -las más beneficiadas por la reducción de las tarifas interurbanas- gobiernos provinciales, empresarios y asociaciones profesionales reclamaron la aplicación del decreto, en el gran Buenos Aires las protestas y las demandas judiciales fueron generalizadas por el considerable aumento de las tarifas urbanas.

Controversia

La aplicación del decreto provocó, pues, distintos fallos judiciales a favor y en contra de la medida, aunque las empresas de comunicaciones aplicaron las nuevas tarifas tras la publicación de la decisión gubernamental. La cuestión llegó a la Corte Suprema el último trimestre de 1997, pero el alto tribunal todavía no ha emitido ningún veredicto.La semana pasada, el tribunal de apelaciones al que recurrirá ahora Telefónica Argentina confirmó la validez de una multa similar dictada por la misma jueza contra Telecom Argentina, que ahora ha plantado un recurso extraordinario para que se congele la sanción hasta que se pronuncie la Corte Suprema, la máxima autoridad.

En el fallo de ayer, la juez Sarmiento ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y los Correccional en tuirno, para que investigue si hubo delito de desobediencia por parte de la compañía Telefónica de Argentina.

Fuentes de Telefónica de Argentina critican con dureza la indefinición del alto tribunal y piden un pronto pronunciamiento «para evitar la confusión». En este sentido, recuerdan la contradicción entre la sentencia de ayer y la emitida con carácter firme el año pasado por el juez federal de la provincia de Córdoba Bustos Fierro, que obligaba a las empresas a cumplir con el nuevo decreto gubernamental, bajo amenaza de sanciones.

Telefónica Argentina también juega a dos bandas. Y así, el año pasado, en Buenos Aires y en Mendoza no envió las facturas con el nuevo cuadro tarifario, para respetar los fallos judiciales que resultaban en contra de los criterios de la compañía. «Al final fuimos intimados por la Secretaría de Comunicaciones, y decidimos aplicar la factura», señalan fuentes de la empresa. La acumulación de facturas atrasadas provocó un gran número de quejas y airadas protestas de los consumidores.

Desde Telefónica aseguran que «la ecuación económico-financiera después del rebalanceo daba igual a cero», es decir, la compañía ni gana ni pierde, aunque defienden a toda costa las nuevas tarifas. «El rebalanceo (reequilibrio tarifario consistente en subidas en las llamadas locales y rebajas en las interproivinciales e internacionales) quedó establecido en los pliegos de la privatización de la compañía, figuraba en el contrato, aunque no precisaba el cuándo y el cómo. Fue un compromiso asumido por el Estado argentino».

Las acciones de Telefónica perdía ayer un 2,17% a media sesión en la Bolsa de Nueva York, ligeramente afectadas por la noticia, y cotizaban a 126,69 dólares.