La Comisión Europea pide datos sobre las causas

La Comisión Europea ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente de España y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información pertinente y precisa para identificar las causas de la ruptura, el pasado sábado, de la presa de decantación de Minas de Aznalcóllar y el consiguiente vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. España tiene dos meses de plazo para enviar al Ejecutivo de la UE las informaciones solicitadas y explicar qué medidas se han adoptado para proteger ese espacio natural. «Queremos examinar las medidas que se han tomado, es un tema que nos preocupa», señalaron ayer fuentes de la Comisión.

Por ahora, el Ejecutivo comunitario no puede adoptar ninguna posición, ya que la información de que dispone es «muy limitada e insuficiente». La comisaria de Medio Ambiente de la UE, Ritt Bjerregaard, ha pedido conocer las medidas de protección y las consecuencias para el entorno del parque.

Pérdidas agrícolas

La UE podría aportar su ayuda para las infraestructuras en torno a Doñana a fin de evitar futuros desastres ecológicos, pero no prevé compensar las pérdidas agrícolas, según funcionarios de la Dirección General de Agricultura de la UE. No hay precedentes de ayudas comunitarias por pérdida de cosechas. «Cuando hubo inundaciones en Francia o Alemania, no se compensó a los agricultores. En cambio se ayudó a mejorar diques, acequias e infraestructuras», precisaron los funcionarios. El parque no está protegido en su totalidad por el derecho comunitario. Desde Bruselas sólo se puede actuar sobre 50.000 hectáreas controladas por la directiva sobre protección de aves.

En 1995 la Comisión recibió una queja relacionada con la presa hoy siniestrada por las actividades mineras que se desarrollaban en la zona y por el riesgo de rebasamiento y de filtraciones en la balsa como consecuencia de lluvias torrenciales. La Comisión decidió entonces abrir un procedimiento contra el Estado español. A finales de 1996 las autoridades comunitarias analizaron con la Junta y el ministerio la situación de la presa y, según las fuentes consultadas, «se dieron soluciones satisfactorias», por lo que en agosto de 1997 el caso fue archivado.