El PSOE afirma que en Galicia no se respetó la ley al repartir las FM.

La Cope conocía necesariamente la adjudicación de algunas de sus emisoras en Galicia antes de que se fallara el concurso público de la Xunta, que habría conculcado la propia normativa de la convocatoria, según el portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Miguel Cortizo, que ayer presento una interpretación y una posición no de ley en relación con el asunto. La Xunta adjudicó el pasado 5 de marzo 41 emisoras de FM, 11 de ellas a la Cope, que al día siguiente ya puso a funsionar cuatro, "siendo de todo punto imposible que pudieran cumplir los plazos legales" señaló Cortizo.

El portavoz socialista recordó ayer estos trámites, estipulados por la convocatoria del concurso. En el mismo se establece que, notificada la adjudicación profesional, el adjudicatario deberá presentar el correspondiente proyecto técnico para ser dictaminado por la Dirección Xeral de Medios de Comunicación de la Xunta y a continuación aprobado,si corresponde, por la dirección general de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento. Una vez aprobado el proyecto técnico, para cuya elaboración se dispone de dos meses a partir de la adjudicación, el adjudicatario cuenta con 12 meses para realizar las obras. La Dirección Xeral de Medios de Comunicación tendrá que dictaminar de nuevo su adecuación y, según el mismo decreto de la Xunta, "los adjudicatarios no podrán efectuar pruebas de emisiones públicas hasta después de ser inspeccionadas y aprobadas las instalaciones por los servicios técnicos de la Dirección General de Telecomunicaciones".

Esta "precisa y contundente" normativa legal y las propias bases de la convocatoria fueron conculcadas en el proceso de adjudicación, según Cortizo, "gravemente,con desprecio por la legalidad y la igualdad", en el caso de al menos las cuatro emisoras de la COPE en Pontevedra, Vilagarcía. A Coruña y Foz (Lugo). Las cuatro comenzaron a emitir al día siguiente de la adjudicación y las dos primeras con potencias superiores a las autorizadas.

La Xunta, por su parte, niega legitimidad al PSOE para criticar la concesión de radio hecha por el actual Gobierno gallego y dice que la realizada por los socialistas en 1989 ha sido objeto de una primera sentencia contraria y está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo.

Polémica televisiva

No fue ésta la única polémica que se produjo ayer. El Valedor do Pobo [equivalente al Defensor del Pueblo en Galicial, José Cora, propuso sustituir los actuales consejos de administración de las televisiones públicas de Galicia por consejos audiovisuales "totalmente independientes" para poner coto a la "falta de pluralismo" que actualmente prevalece en ellas, según el informe que presentó ayer al Parlamento de Galicia, correspondiente a 1997. Tanto la TVG, controlada por el Gobierno autonómico, como- el centro territorial de TVE en Galicia, explicó Cora, pecan de "parcialidad informativa" y no respetan los derechos, a la información y la libre expresion de opiniones recogidos en la Constitución.