Ley bajo vigilancia

EL DEFENSOR del Pueblo no ha visto fundamentos jurídicos para llevar al Tribunal Constitucional la ley del catalán. Resulta, pues, impropio hablar de victoria moral por parte de quienes buscaban el recurso. Sin embargo, sugiere a la Generalitat de Cataluña que corrija algunos artículos para "eliminar las situaciones injustas y perjudiciales" que pudieran derivarse de la interpretación de algunos preceptos. En el fondo, el Defensor del Pueblo somete a vigilancia la ley, pues asegura que si su despliegue normativo no le satisface se reserva el derecho de acudir al Constitucional.El Gobierno catalán, satisfecho por ahorrarse el trámite del Constitucional, ha dicho que estudiará las recomendaciones; pero no ha aclarado su futura conducta. Es probable que actúe más por la vía reglamentaria que por medio de una reforma de la ley. Su respetuosa reacción, muy distinta por ejemplo a la de Izquierda Unida -que ve en el Defensor una institución contaminada por el PP y CiU-, refleja su propia conciencia de que la ambigüedad de algunos aspectos de la ley podría permitir aplicaciones osadas que desbordarían las buenas intenciones declaradas. Sería fatal que el Gobierno catalán asumiera ese principio de Romanones de "haga usted la ley, que yo haré el reglamento". De nada valdría un texto legislativo perfectamente calculado para que no tuviera tropiezos en el Constitucional, pero cuya aplicación abriera el camino al conflicto.

En general, las correcciones cautelares que introduce el Defensor del Pueblo tienden a evitar cualquier tentación monolingüista que pudiera producir algún rebuscado recoveco de la ley. A fin de cuentas, la idea de la ley surgió de una necesidad más política que social -CiU debía contentar al flanco más decepcionado por su pacto con el PP-, desoyendo a quienes propugnaban agotar la Ley de 1983, plenamente consensuada y con el amparo constitucional.

El Defensor del Pueblo propone corregir algunos artículos para evitar interpretaciones dudosas. Así, por ejemplo, debería quedar más claro el respeto a la cooficialidad del catalán y del castellano en las Administraciones públicas. Recomienda que se elimine o se reduzca la obligatoriedad para los establecimientos públicos de dar información escrita al menos en catalán y se limite a una política de fomento del idioma. Para que sea el usuario quien decida el idioma de los documentos bancarios propone que se rectifique el artículo que exige que éstos figuren, como mínimo, en catalán. En este punto, la Generalitat ha entendido que la normativa mercantil ya exige el castellano y contempla su ley como una corrección bilingüe.

Más compleja es la interpretación que debe darse a la indicación de que desaparezca la mención al "ámbito lingüístico catalán". Es una cautela lógica si el Defensor sospecha una injerencia competencial de una Comunidad en otra, aunque la Generalitat ya ha indicado. que la cita al "ámbito catalán" se refiere a Cataluña. En general las recomendaciones del Defensor del Pueblo se orientan a no presuponer la existencia de un deber general de conocimiento del catalán -deber que sí establece la Constitución para el castellano, una asimetría polémica en algunos sectores de Cataluña- y que la ley no traiga una preterición del castellano. La ley busca preservar el derecho del catalanohablante. Pero esa preocupación debe tener su correlato en una protección igualmente estricta de los derechos del que habla y quiere hablar castellano. La aplicación de la ley debe ser escrupulosa en este frente. La convivencia como valor supremo debe ser el referente básico y nadie debe manipular ese concepto para defender su trinchera.