Estrella amarilla

EL PLENO del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su última reunión condenar como una "amenaza inadmisible" la advertencia de un llamado Sindicato de Abogados Euskaldunes de "marcar" con "nombres y apellidos" a los jueces y magistrados que, según ese colectivo, son "beligerantes" contra el euskera. Esta acusación se dirige contra los jueces que, en aplicación de la ley y de la doctrina del Tribunal Constitucional, han venido utilizando un servicio de traducción simultánea para las declaraciones de acusados, abogados o testigos realizadas en lengua vasca. Este episodio engarza con otras formas de presión sobre los jueces que ejercen en el País Vasco. Varios de ellos han aparecido como objetivos potenciales de ETA en la documentación intervenida a activistas detenidos.Desde hace meses, los miembros de ese grupo de abogados vienen negándose a aceptar la intervención de un intérprete en los juicios en que sus defendidos eligen expresarse en vasco. Ello ha obligado a la suspensión de algunas vistas orales, todas ellas relacionadas con casos de insumisión, desórdenes públicos o apología del terrorismo. Se trata, de todas formas, de casos excepcionales. Según el departamento vasco de Justicia, de un total de 109 vistas con intérprete celebradas en los últimos meses, se han producido incidentes en siete. Recientemente, una juez de San Sebastián expedientó a causa de uno de estos incidentes al letrado Íñigo Iruin, antiguo dirigente de Herri Batasuna. La polémica se inscribe en el debate sobre la implantación del euskera en la Administración de justicia. Los sectores más radicales exigen el conocimiento de esa lengua para poder ser juez en Euskadi. Otros admiten que sea considerado un mérito, pero no un requisito, para la obtención de plaza.

Actualmente habla bien la lengua vasca el 26% de los ciudadanos de la comunidad autónoma. El ideal de una sociedad plenamente bilingüe no es, por tanto, un objetivo próximo. De ello deducen algunos la necesidad de forzar la mano para acelerar el proceso de euskaldunización. Un criterio democrático y hasta puramente racional indicaría, sin embargo, que ningún ideal puede imponerse sobre la base de ignorar los derechos de esa mayoría que no habla vasco. Soluciones refórmistas, moderadas, como la de facilitar un sistema de intérpretes en los juicios, aspiran a hacer compatible el objetivo de avanzar hacia un bilingüismo efectivo con el respeto a la realidad humana actual. También es deseable que el lehendakari sea bilingüe, pero no sería democrático limitar el campo de los elegibles a esa cuarta parte de la población capaz de hacer un discurso en euskera.

Se trata de un tema bastante complejo, aunque no tanto como pretenden algunos equidistantes que se resisten a condenar las amenazas lanzadas contra los jueces o que incluso niegan angélicalmente que pueda hablarse de amenazas propiamente dichas. Pero en Euskadi, donde el medio es el mensaje, nadie ignora lo que significa "marcar" a alguien con nombre y apellidos. Como ha señalado el magistrado Juan Luis Ibarra, antiguo secretario general técnico del Ministerio de Justicia, este intento de "señalar con la estrella de David a quienes se resisten a la intolerancia" constituye el "ataque más grave a la independencia del Poder Judicial" en mucho tiempo. Que algunas personas próximas a los amenazados hayan reaccionado expresando su adhesión al euskera, en lugar de a la ley, es un síntoma del clima creado. Ya a finales de 1996, en unas desafortunadas declaraciones, Arzalluz había culminado con un "ancha es España" una invitación a que los jueces que no hablaban euskera abandonaran el País Vasco. Por eso es de resaltar que entre quienes han condenado de manera inequívoca este nuevo intento de coacción a los jueces figure el vocal del CGPJ Emilio Olabarría, antiguo diputado del PNV.