Equilibrio inestable
LA REFORMA del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que está ultimando el Gobierno tiene la ventaja de ir a favor de corriente. Nadie hace ascos de entrada ante el anuncio de una ley que va a permitir a todos los ciudadanos -así lo asegura el Gobierno- pagar menos a Hacienda. El Partido Popular se dispone a cumplir un compromiso electoral que coincide con una demanda de amplios sectores sociales. Ante esta situación palidecen casi todas las objeciones.Aunque se trate de advertencias razonables, como el compromiso de la economía española en un plan de estabilidad que una rebaja del IRPF puede poner en riesgo, o la probabilidad de que lo que se ahorren los ciudadanos en el impuesto de la renta habrán de pagarlo seguramente bajo otras figuras fiscales, con lo cual el balance puede ser de simple sustitución de unos tributos por otros.El modelo de IRPF que recibió el visto bueno en el Consejo de Ministros del jueves y que se enviará al Consejo Económico y Social (CES) la próxima semana es, como ya se había avanzado, un cambio drástico en la tributación de la renta. Los tramos del tributo serán cinco, frente a los ocho actuales; el tipo marginal máximo baja del 56% al 48%, y el, mínimo pasa del 20% en vigor al l9%; la pléyade de deducciones y desgravaciones se sustituye por una deducción en la base de 550.000 pesetas por contribuyente, más 200.000 pesetas por cada uno de los dos primeros hijos y 300.000 por cada uno de los siguientes. Se retoca considerablemente la deducción por vivienda, mientras las plusvalías seguirán tributando al 20%, según la modalidad que introdujo el actual Gobierno nada más llegar al poder.
Aunque las cifras no están decididas y pueden modificarse, el sentido final de la reforma y sus límites aproximados están muy claros. La reducción del tipo marginal máximo hasta el 48% debe considerarse como un acierto, porque aproxima el gravamen a la media europea. Tampoco, parece descabellado ni atentatorio contra el bolsillo de los contribuyentes eliminar la deducción en la base de los intereses por la compra de vivienda, puesto que el coste de los préstamos hipotecarios tiende a bajar con relativa rapidez y, en todo caso, su peso relativo en la amortización del crédito disminuye. La eliminación de las deducciones y su sustitución por el mínimo vital contribuirá a simplificar el impuesto, lo cual también es una buena noticia para el contribuyente. También los divorciados o separados que paguen una pensión a sus hijos verán reconocido su esfuerzo en forma de menos impuestos.
Pero cuando se establecen las oportunas comparaciones entre él tratamiento fiscal de las distintas rentas, el panorama deja de ser tan favorable. En primer lugar, porque las plusvalías mantienen una tributación más ventajosa que las rentas del trabajo. Y después porque, aunque cada vez se preste menos atención a esta circunstancia, el modelo deI RPF que proponen Rodrigo Rato y Juan Costa reduce considerablemente la progresividad tributaria. Es un hecho que la rebaja del tipo máximo en ocho puntos, frente a, un 1% del tipo mínimo, favorece a las rentas más altas, cuya contribución global será menor en términos porcentuales. Aunque esta cuestión no parece preocupar al Gobierno, no es de menor importancia. La progresividad fiscal es un mandato constitucional. Además, la aplicación efectiva del principio de que paguen más quienes tienen rentas más elevadas es un factor de estabilidad social.
El Gobierno debe defender su modelo de IRPF, pero ni puede ni debe hurtar a la sociedad las consecuencias o posibles efectos secundarios de un cambio tan drástico so pretexto de que los ciudadanos pagarán menos impuestos. Sus responsabilidades son más complejas, porque no existe cambio sin coste. Está obligado a informar de forma veraz acerca de cuáles son los niveles de renta más favorecidos por el nuevo IRPF y cómo se pagará finalmente la factura de la reforma, que puede terminar costando al Estado del orden de 400.000 millones. Debe explicar de forma convincente si esta pérdida de ingresos es compatible con ,el mantenimiento de un ajuste fiscal riguroso en el que España está comprometida en virtud del plan de estabilidad en la unión monetaria. Tampoco puede olvidar el problema del fraude fiscal, un flanco notablemente descuidado en el que la Administración tributariá está manteniendo una pasividad alarmante; o la cada vez más urgente necesidad de revisar el impuesto de sociedades para eliminar una maraña importante de gastos fiscales que cuestan mucho al país sin cumplir las funciones de estímulo a la inversión y al empleo que presuntamente incentivan. Sin una respuesta firme a todas estas exigencias, la reforma del IRPF costará a la sociedad más de lo que en apariencia se ahorran los contribuyentes y producirá un equilibrio fiscal inestable.
