Loyola de Palacio vota contra los planes de cuenca de Isabel Tocino

De Palacio contra Tocino o la ministra de Agricultura versus la de Medio Ambiente. Al final las espadas se han mantenido en alto y el ministerio del campo y los regadíos no se plegó ayer a los planes del departamento que gestiona el agua. Los dos únicos votos negativos en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua a los planes de las cuencas fluviales fueron los de los dos representantes de Agricultura, José María Gil Egea, asesor de Loyola de Palacio, y el director general de Planificación y Desarrollo Rural, Antonio García de la Borbolla.

Los 20 miembros restantes votaron a favor, incluido el único representante de la oposición, el socialista Alejandro Alonso Núñez, consejero de de Castilla-La Mancha.

En una sesión de apenas dos horas y media, la Comisión dio el antepenúltimo paso para perfilar el marco jurídico sobre quién tiene derecho al agua en las nueve grandes cuencas de aquí a 20 años. El Consejo Nacional convocado para el próximo día 27 debatirá la penúltima versión antes de remitir los planes al Consejo de Ministros para que lo apruebe en mayo. Si se mantienen las discrepancias entre las dos ministras será el presidente del Gobierno quien actúe de árbitro.

La discrepancia radica en las 1.200.000 hectáreas de nuevos regadíos que suman los planes. Agricultura cree, en función del avance del Plan de Regadíos, que esa cifra se reduce a menos de 200.000. Las previsiones deberían supeditarse al plan definitivo, a la política agraria de la UE y a los recursos para transformar tierras de secano en regadío, que son escasos.

Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, señaló que, pese a esta oposición, será en el marco de los debates sobre la Ley del Plan Hidrológico Nacional donde se dirima cuál de las dos cifras se da por buena. En el conjunto de los planes se aprecia un superávit global de 20.000 hectómetros cúbicos de agua disponibles y déficits localizados de 3.270.

Aguatenientes

Con relación a la reforma de la Ley de Aguas cuyo informe también se sometió a debate, la teniente de alcalde de Madrid, Mercedes de la Merced, en representación de los municipios, se abstuvo por una cuestión de procedimiento, y votó en contra Alejandro Alonso. Para éste, la reforma se encamina a que la gestión del agua pierda su carácter público para lograr un desarrollo territorial y sectorial equilibrado. "Si se liberaliza", afirma, "puede ocurrir que un señor con muchos derechos se convierta en aguateniente y viva de las rentas; mientras usuarios con menor poder adquisitivo salgan perjudicados. El que tenga poder económico se llevará el gato al agua".Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Regantes afirmó que su colectivo está dispuesto a entrar en el mercado del agua, pero anunció la presentación de un voto particular sobre el aspecto económico-financiero de la reforma.

Estas matizaciones es probable que aumenten en la votación del pleno del Consejo del día 27, pero es cosa admitida por el propio secretario de Estado, ya que ese foro es más numeroso y representativo. En él está la Coda, portavoz de los ecologistas, que anunció ayer su rechazo a los planes de cuenca por no ser más que un inventario de grandes infraestructuras con un gran impacto medioambiental.