Petición de 10 años de prisión para cuatro ganaderos por verter purines

Cuatro empresarios gerundenses con siete explotaciones porcinas gestionadas a través de sociedades comunes se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados. El fiscal les acusa de 11 delitos, cometidos a finales de 1992, entre los que se encuentran los vertidos contaminantes de purines -la parte líquida que rezuma del estiercol- al río Daró, el contrabando de ganado y la falsificación documental. Los empresarios, tres de ellos unidos por lazos familiares, niegan todas las acusaciones.La petición de pena más elevada recae sobre Joaquim Ramió Costa, responsable técnico de las granjas, que se enfrenta a tres años de cárcel y 25 millones de pesetas de multa por cuatro delitos ecológicos, a dos años de prisión y 32 millones de sanción por importación ilegal de ganado porcino de Holanda y Alemania y a otros dos años por falsificación de las guías sanitarias que debían acreditar la procedencia de los cerdos. Ramió negó ayer ante el tribunal los vertidos contaminantes y aseguró que todos los purines se depositaban en fosas sépticas. El empresario, que es además veterinario, afirmó que no conocía la procedencia de sus reses, que adquirió, según declaró, a un importador de la localidad barcelonesa de Vic.