Una larga historia de investigaciones, peritos, fianzas y marchas atrás

Miguel Moreiras, predecesor de Teresa Palacios, abrió la causa contra el Banco Santander en abril de 1992 a instancias de la Inspección de Hacienda. Los técnicos fiscales detectaron depósitos opacos en la entidad, por valor de 439.459 millones de pesetas entre 1986 y julio de 1989.La intervención advirtió más de 45.000 operaciones de compra de cesiones de crédito. Moreiras recogió documentación en el banco. Los datos sobre titularidad de los depósitos no se correspondían con la información que entregó el banco a Hacienda en 8.282 casos, que acumulaban fondos superiores a 125.268 millones.

En los primeros compases de la instrucción, Moreiras mencionó en diversos autos la existencia de testaferros "que el propio banco facilitó a sus clientes". El juez impuso una fianza al Santander en diciembre de 1992 de 8.000 millones de pesetas, que dejó sin efecto en enero del año siguiente.

En mayo de 1993 impuso otra fianza de 3.500 millones a la entidad para cubrir las retenciones que el banco no practicó a sus clientes, pero dejó al margen la supuesta red de testaferros organizada por la entidad para ocultar a algunos clientes. En julio de 1996, Moreiras exculpó al Banco Santander porque la ley no le igaba a practicar ningún tipo de retención sobre las cesiones de crédito.

Pero el fiscal alerto que el banco podía ser condenado como "cooperador necesario" en las "actividades defraudatorias de los clientes" que todavía no habían regularizado su situación fiscal.