Un informe técnico apunta que el Santander cooperó en la ocultación de cesiones de crédito

La juez Teresa Palacios, titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, mantiene vivo el caso de las cesiones de crédito abierto contra el Banco Santander en 1992. El sumario se enriquecerá esta semana al incorporar la pieza particular sobre el ex diputado del PP y ex consejero de Obras Públicas del Gobierno valenciano Luis Fernando Cartagena, que renunció al cargo y, con ello, a su situación de aforado. Una prueba practicada en relación con esa pieza sugiere la cooperación necesaria del banco en el suministro de testaferros para ocultar a los tenedores de los activos.

La juez ha pedido nueva documentación al banco a partir del último informe de los peritos judiciales de la Agencia Tributaria, que ratificaron hace dos semanas que 220 tenedores de cesiones de crédito mantienen deudas con Hacienda superiores a 15 millones de pesetas, de las que se deriva un supuesto delito fiscal. El banco ha negado disponer de tal información.La pieza que viaja a Madrid con las diligencias sobre Cartagena incluye un informe elaborado por la Universidad de Valencia, a partir de los registros informáticos del banco, que desmonta presuntamente la versión oficial sobre los depósitos del ex consejero y señala que la entidad aportó un testaferro para ocultar el origen de los capitales invertidos por Cartagena en cesiones de crédito.

Los peritos judiciales reiteraron a lo largo de 1996 su convicción de que el banco "conocía quienes eran los titulares originarios de las operaciones". Los peritos señalan que la información recabada en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, pone de manifiesto "la preparación de una documentación que permitiría justificar ante la Hacienda Pública otra titularidad distinta de la originaria" y mencionan dos juegos de documentación paralelos, uno relativo a los titulares originarios y otro a segundos titulares o al portador.

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Luis Fernando Cartagena, por su condición de aforado, sólo fue llamado a declarar por Moreiras como testigo. La juez Teresa Palacios, que asumió el juzgado de delitos monetarios en octubre de 1996, recabó nueva información sobre la pieza separada contra Cartagena y optó por remitirla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), única instancia autorizada para abrir juicio oral a un miembro del gobierno autónomo, en diciembre pasado. El magistrado José Flors, del TSJCV, abrió diligencias en enero pasado.En el caso concreto de Cartagena, el banco siempre ha sostenido que el auténtico titular de sus depósitos opacos era Francisco Serrano, un empresario ilicitano. Según la versión de la entidad, Serrano tenía una serie de pagarés de propia financiación, algunos de los cuales se remontan a 1983, que dieron origen a las cesiones de crédito constituidas en 1988 y posteriormente se convirtieron en otro producto denominado activo financiero mixto.

El banco atribuyó a Serrano una cantidad en torno a 160 millones de pesetas en pagarés que dieron origen a cesiones de crédito. El registro informático señala, sin embargo, que las cesiones fueron compradas por Cartagena. Pese a todo, Serrano asumió que los pagarés eran suyos y aportó declaraciones complementarias ante Hacienda para regularizar su situación fiscal por los rendimientos de los mismos.

El análisis de los registros informáticos del banco despertó dudas entre los peritos de Hacienda. Las cantidades nunca cuadraron exactamente y los registros no recogían el destino de los fondos sobrantes. Los peritos se limitaron a mencionar que las declaraciones coincidentes del banco y de Serrano podían ser ciertas, pero carecían de soporte documental que las avalara.

El magistrado valenciano que recibió el expediente relativo a Cartagena en diciembre pasado pidió un informe sobre los registros informáticos del banco a la Universidad de Valencia. Se trata del primer análisis elaborado por técnicos ajenos a la Agencia Tributaria, que es parte en la causa.

El nuevo informe, que la juez Palacios recibirá esta semana, describe el destino de los pagarés que el banco atribuyó a Serrano. Los datos analizados incluyen el periodo comprendido entre enero de 1988 y agosto de 1989.

Los técnicos de la Universidad, después de un trabajo ímprobo sobre los datos relativos a un único implicado, han detectado que al menos el 50% de los pagarés cuyo supuesto titular era Serrano fueron efectivamente cobrados por terceras personas, ajenas al empresario ilicitano y a Cartagena, un análisis que desmontaría de raíz la vinculación entre operaciones financieras esgrimida por el banco y pone en cuestión la coherencia de la versión de la entidad. Serrano es representado en la causa por Alfonso Trallero, vinculado al Banco Santander como asesor fiscal cuando se destapó el caso de las cesiones de crédito.

Cartagena renunció al cargo de consejero del gobierno autónomo valenciano dos días después de la entrega del informe de la Universidad en el TSJCV. La pieza separada vuelve así al sumario general y se pierde entre otros 220 expedientes de casos paralelos que estudia en la actualidad la juez Palacios.