Garzón desoye la petición del fiscal y mantiene su investigación sobre los crímenes de la dictadura argentina

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido mantener la competencia de la jurisdicción española para investigar los crímenes cometidos bajo la dictadura argentina tras rechazar la petición del ministerio fiscal para que dejara el caso por falta de competencia. Garzón ratifica los autos de imputación y prisión dictados hasta ahora y mantiene vigentes las órdenes internacionales de detención libradas hasta la fecha. También anuncia que en próximas fechas resolverá sobre los procesamientos, solicitados por la acusación.El magistrado reitera que los hechos integran un delito de genocidio instrumentado a través de asesinatos múltiples, detenciones, secuestros, desapariciones, sustracción de menores, "violaciones...,así como delitos de terrorismo y tortura, perseguibles en España.

En un auto profundamente elaborado, Garzón realiza un minucioso estudio del delito de genocidio hasta encuadrar en el mismo la conducta de Ios exterminadores argentinos".

El juez sostiene que la conducta genocida no es sólo la realizada con intención de destruir a un grupo por motivo de su pertenencia a una nación, etnia, raza o religión, sino que incluye también "a grupos de común origen, pero diferenciados dentro de una misma nación", entendida ésta como conjunto de habitantes regido por el mismo Gobierno.

El juez no cree que quede al margen del genocidio "la destrucción de grupos por motivos políticos", aunque entiende que el concepto de "grupo nacional" es ajeno al de "grupo político" e incluso "social".

Establece después un paralelismo entre el genocidio nazi y el argentino, ya que, con el golpe de Estado de 1976, las Juntas Militares impusieron "un régimen de terror" basado "en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado" de más de 10.000 personas "a lo largo de varios años y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión".

Tras reproducir algunos espeluznantes testimonios de torturas y violaciones de las víctimas de la represión, Garzón recuerda a los casi 250 jóvenes desaparecidos de entre 13 y 18 años , "a los que hay que sumar los casi 500 niños que nacieron en cautividad o que fueron arrancados a sus familias, secuestrados y entregados a personas elegidas como un método más de purificación familiar".

Destrucción sistemática

El denominador común a los miles de desaparecidos lo encuentra Garzón en "su pertenencia a un mismo grupo nacional: la Argentina "El juez también asegura que el objetivo de los militares fue "la destrución sistemática de personas de una determinada ideología, por su mera pertenencia a tal grupo".También equipara la "destrucción de un grupo por motivos religiosos"- el combate contra tode lo que sea contrario a la "ideología occidental y cristiana", que preconizaba el almirante Mendía- al genocidio por "destrucción de un grupo religioso.

Garzón afirma que la jurisdicción española para enjuiciar el delito de genocidio "está fuera de toda duda" y considera que "no es defendible con una mínima seriedad" el argumento del fiscal, que excluye la persecución de éste fuera del país donde se comete por un tribunal internacional.

La resolución también considera la tortura, "que se practicó sistemáticamente sobre todos y cada uno de los detenidos ilegalmente", como delito de persecución universal.

Respecto al delito de terrorismo, Garzón contradice al fiscal cuando éste indica que no puede considerarse organización terrorista toda la estructura militar argentina y afirma que la cúpula militar desplegó "un plan de terror exhaustivo contra la propia nación argentina y con el fin de instaurar un Nuevo Orden".

Sobre si la jurisdicción española es competente, Garzón, para salvar el hecho de que hasta la Ley del Poder Judicial de 1985 no se contempló la posibilidad de perseguir delitos de terrorismo fuera de España, acude al artículo 17 del Código de Justicia Militar español para sostener la persecución universal del terrorismo desde 1971.