¿Contratar sólo 'penenes'?

Dicen que los problemas son la endogamia de los profesores funcionarios (el 95% de las plazas se dan a aspirantes locales) y la precariedad de los contratados (hasta la mitad serían ya penenes, pero es falso: los ilegales son muchos menos, sobre todo quitando los médicos). Lo primero podría achacarse a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), aunque no sólo porque el candidato local ponga de hecho dos de los cinco miembros del tribunal, sino sobre todo porque permite que también ponga su plaza vieja para dotar la nueva, de forma que, si la pierde, él se queda en la calle o la universidad tiene dos profesores en vez de uno. Lo segundo es culpa de los rectores que, abusando de la LRU, han contratado ilegalmente profesores asociados hasta convertir esta figura, legalmente excepcional, en normal. Los rectores prefieren un asociado ilegal a un funcionario legal porque, siendo el asociado más barato (menos de 150.000 pesetas al mes) y precario, deja dinero libre para actividades de imagen, como los cursos de verano, y aumenta el poder clientelar del rector.Nada, en todo caso, que no pudiera arreglarse desarrollando sensatamente la LRU en los estatutos de cada universidad o simplemente respetándola. Pero, en vez de eso, los rectores proponen (en un proyecto de ley que han impuesto al Gobierno) la contratación de profesorado sin límite a priori y sin control de tribunales. Según la LRU, el profesorado está formado por cuatro cuerpos de funcionarios; según el proyecto, esos cuerpos sólo forman el profesorado funcionario, además del cual las universidades podrán contratar (esto es lo nuevo) doctores "hasta los límites máximos que reglamentariamente fijará y revisará el Gobierno". Estos profesores "serán seleccionados entre aquellos doctores cuyo historial investigador y, en su caso, docente, haya sido valorado positivamente por el órgano que determinen los estatutos de la universidad contratante", y ello cada cuatro años. Eso es todo.

Parece incongruente, y lo es. Y será grave si tal disparate llega a concitar el apoyo de muchos de los interesados. El Gobierno lo presenta porque, perdidos en ésta como en otras materias memoria, entendimiento y voluntad, sólo aspira a arreglar el conflicto de la ministra y los rectores. A los sindicatos llamados de clase puede gustarles porque llevan años intentando fomentar los contratos laborales y convertir a las universidades en empresas públicas donde arañar una cuota de poder. Puede engañar a los mismos ayudantes y asociados, a los que se promete alargar los contratos de un año a cuatro y, vagamente, una plaza. Hace salivar a los actuales numerarlos, en particular a los catedráticos, que verían crecer su clientela ("equipos estables de investigación") de profesores dependientes. Y es una buena jugada política para los rectores, que echan así tierra sobre sus desmanes en la contratación de asociados, amplían su presupuesto y podrán disponer de una gran variedad de plazas y nombramientos con los que ejercer su magnífica gracia y su excelentísimo arbitrio.

Por último, el contrato sin límite ni control entusiasmará a las universidades con más vocación autonómica. Su política está anunciada con meridiana claridad en el proyecto: dejar extinguirse a los funcionarios (estatales, al cabo) y limitarse a contratar a sus propios doctores, exentos del año de estancia en otra universidad, por el procedimiento que sus estatutos determinen, siempre, eso sí, que hayan sido previamente habilitados por el órgano que también sus estatutos determinen. Dentro de algunos años y si se portan bien, quizá un rector los haga funcionarios con plaza ad personam, como le gusta pedir a CC OO y dicen que se hace en Estados Unidos.

Todo, como se dijo, para acabar con la precariedad y el reclutamiento interno.