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Editorial:

Treviño o Trebiño

LOS HABITANTES de Treviño, uno de los dos pueblos principales, junto con La Puebla de Arganzón, que forman el Condado de Treviño, enclave histórico de Burgos en territorio alavés, votaron el domingo pasado a favor de la convocatoria de un referéndum que permita a los ciudadanos del condado decidir si quieren integrarse o no en Álava. El resultado de la consulta, que no tiene efectos jurídicos ni administrativos, no ofrece dudas: el 68% de los consultados es partidario de un plebiscito que decida si el condado se integra en Álava o mantiene su dependencia de Burgos. Ahora coimienza un proceso complejo en el que, cuando se produzca la petición del referéndum, la Junta de Castilla y León podrá ejercer su derecho de veto sobre el plebiscito; si el veto no existe será el Gobierno el que deba autorizar y convocar el referéndum, y si su resultado es favorable a la integración en Álava, su nueva adscripción tendría que ser aprobada mediante ley orgánica.La peor actitud que se puede adoptar ante la petición de este referéndum es politizar un proceso que en su origen y desarrollo carece de motivaciones políticas. Los apenas 1.200 habitantes que viven en el condado -más otros 2.200 treviñeses que viven en Vitoria- no plantean una reivindicación autonómica, ni el derecho de autodeterminación, ni la pertenencia étnica o la identificación histórica con Burgos o Álava, sino un problema administrativo elemental: Vitoria está a 15 kilómetros del condado, y Burgos, a 90. Los treviñeses utilizan los servicios sanitarios o educativos de Vitoria, pertenecen a la diócesis de Vitoria y sus equipos de fútbol están federados en Álava; su deseo de normalizar su relación administrativa es mero sentido común.

El mismo sentido común sugiere que debe respetarse la voluntad democrática de los habitantes del condado; que sería poco afortunado ejercer el derecho a veto que tiene la Junta de Castilla y León para impedir el referéndum y una torpeza que el Gobierno no aprobara la consulta. Los enfoques tremendistas, como el del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, quien asegura que "Castilla y León no puede permitir ninguna pérdida de su territorio", o el tono legalista de la propia Junta de que "la consulta ha sido nula de pleno derecho" sitúan un problema administrativo en un nivel político peligroso e innecesario. Más cerca de la solemnidad jurídica que de la buena voluntad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de marzo de 1998