El engaño de la transparencia

En estos días, y 40 meses después de que varias ONG (Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras) iniciaran su campaña por la transparencia y el control del comercio de armamento, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, ha publicado el tan esperado informe sobre Exportaciones realizadas de material de defensa para el periodo 1991-1996, que teóricamente debería inaugurar la nueva etapa de "transparencia" informativa sobre este tema. Lamentablemente, el informe del Ministerio de Economía no aporta apenas dato alguno que no sea consultable en las estadísticas de comercio exterior ya existentes, y se limita a presentar un escueto cuadro anual con un listado de países receptores de material de defensa, con el importe total de sus compras, pero sin añadir ninguna información adicional ni realizar cruce alguno entre países y productos, pues el ministerio tampoco publica una lista en la que pueda verse cuáles son los productos exportados.Contra lo que se esperaba, el nuevo informe del Gobierno no recoge siquiera la totalidad de las exportaciones de material de defensa, sino que se limita a exponer el importe de las ventas de armas cortas, municiones y algún que otro producto, pero sin incluir el grueso de las exportaciones aeronáuticas y navales, además de otras exportaciones de vehículos, telecomunicaciones y electrónica militar. Eso explica el escaso importe de las exportaciones señaladas para el periodo 1991-1996, con una media de 17.000 millones anuales, cuando en el informe de 1995 se barajaba una media de 25.000 millones para el periodo 1991-1994, sin contar los productos de doble uso, y las ONG estimaban entonces una media superior a los 40.000 millones de pesetas anuales. Más inexplicable resulta que los datos anuales ofrecidos por el Gobierno en 1995 sean tan diferentes a los difundidos en 1998, y siempre a la baja.

Los datos que ofrecen las ONG de la campaña por la transparencia muestran, en cambio, que el informe oculta unas exportaciones cercanas a los 150.000 millones de pesetas para el período 1991-1996. La mayor parte de estas exportaciones no mencionadas se refieren a material aeronáutico (aviones de, transporte militar en su mayoría), por valor de unos 100.000 millones de pesetas, con lo que queda patente que para el Ministerio de Economía los aviones C-212 y CN-235 vendidos a fuerzas aéreas de otros países no constituyen una exportación de defensa. Tampoco lo son las patrulleras exportadas a las marinas extranjeras, valoradas en unos 13.000 millones, ni los simuladores de aparatos militares (6.000 millones), la modernización de carros de combate y la venta de camiones militares (15.000 millones) o telecomunicaciones militares (4.000 millones). Existen también exportaciones de armas cortas y munición no consignadas por un importe cercano a los 3.000 millones de pesetas.

Las exportaciones españolas de material militar en el periodo 1991-1996, por tanto, no ascienden a 97.612 millones de pesetas como señala Economía en su informe, sino como mínimo a unos 240.000 millones de pesetas, lo que arroja una media de 40.000 millones anuales, dato que además ha sido citado repetidamente por varios departamentos ministeriales y por el propio sector industrial vinculado con la defensa.

La divulgación del informe gubernamental ha coincidido además con la noticia de que empresas españolas están negociando la venta a Turquía de fragatas, aviones de transporte, artillería y otros productos militares, por valor de 300.000 millones de pesetas, lo que a mi entender constituiría un claro ejemplo de una venta sensible que merecería un debate político previo, algo que no es posible si no hay transparencia y mecanismos de control público y parlamentario. Nadie puede ignorar que Turquía es uno de los países más militarizados del continente, que lleva a cabo una sangrienta guerra con los kurdos y que mantiene desde hace años un elevadísimo nivel de tensión con Grecia, tanto por el control de Chipre como por el dominio del mar Egeo. Este comportamiento ha bastado para que algunos países europeos apliquen restricciones a la venta de armas a Turquía, y que Suráfrica decidiera no venderle 12 helicópteros de ataque. EE UU incluso le embargó durante más de un año el suministro de tres fragatas y cuatro helicópteros.

Pero el negocio es el negocio, y el lobby armamentista, con el apoyo de Israel, ha abierto las puertas a suculentos nuevos contratos: planes para comprar 20 helicópteros Sea Hawk (500 millones de dólares), 10 helicópteros de transporte CI-1-53 (con asistencia israelí), aviones AWACS (800 millones), 40 cazas F- 15, etcétera. Las fuerzas aéreas turcas piensan gastar en los próximos 25 años un total de 150.000 millones de dólares en material militar, y tienen la excusa de que Grecia también está adquiriendo sofisticado material, suministrado, eso sí, por los mismos vendedores. En este contexto, de peligrosísima e insensata militarización, resulta un escándalo que España se sume a este rearme por simple negocio de unas empresas. Esto es lo que seguramente no se quiere debatir en público. Disimular de un modo tan absurdo los datos sobre las exportaciones de armamento es un engaño a la opinión pública, una tomadura de pelo a las ONG, una burla al mandato del Congreso de los Diputados y un desprecio a la confianza que se había depositado en la Administración. Su promesa de introducir la transparencia se ha convertido en un simple ejercicio de ridiculez, puesto que quienes le demandan "luz y taquígrafós" pueden mostrarle estadísticas más completas que las que ella misma está dispuesta a ofrecer. Se ha perdido una oportunidad para situarse en cabeza de los países que practican la coherencia entre lo que prometen y lo que hacen. Las estadísticas referentes a 1997, que deberán publicarse en breve, deberían subsanar estas deficiencias y reflejar una auténtica transparencia.