Con las cosas de comer no se juega

La reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del aceite de oliva ha despertado, por primera vez, un interés inusitado en la opinión pública, pero si miramos hacia atrás veremos que el olivar siempre ha tenido un futuro incierto.La reforma de la OCM del aceite de oliva se planteó desde el anuncio de la adhesión de España a la Comunidad. En 1983, la Cámara de los Lores elaboró un informe que 13 años después ha servido de fuente de inspiración a la Comisión.

En el Tratado de Adhesión, el sector olivarero español recibió un tratamiento muy duro, y se le fijó un periodo transitorio de 10 años hasta su integración plena. Un año después de su adhesión se limitó la producción objeto de ayudas, introduciendo penalizaciones. En 1995 Austria, Suecia y Finlandia se adhieren a la Comunidad y se revisan las cantidades y contingentes que rigen la política agraria y el comercio exterior. Sin embargo, la cantidad máxima garantizada de aceite de oliva no se ajusta a la nueva estructura del consumo y hoy es inferior en un 25% al consumo comunitario. Resulta difícil pensar que países como Holanda o Alemania aceptasen una limitación de la producción de leche a niveles tan inferiores a los del consumo comunitario.

Ninguno de estos hechos interesó a la opinión pública española, y la explicación más obvia es que los desconocía, por no tener acceso a la información. Otra explicación puede ser la dispersión de los agentes sociales; la reforma de la Política Agraria Comunitaria de 1992 se lleva a cabo sin más foros de debate que los institucionales, y aun éstos eran escasos. Desde 1994 se abordaron las reformas de las producciones agrarias mediterráneas, el vino y las frutas y hortalizas. En ambas, al igual que posteriormente en el aceite de oliva, se crearon mesas con las organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales, cooperativas y las empresariales de cada sector y se creó un foro de debate en el que todos pudieron expresar sus opiniones, llegando a planteamientos comunes.

La mera existencia de estas mesas ha introducido una transparencia a los procesos comunitarios de decisión que en el pasado hubiera sido preciosa para el conjunto de la agricultura. Los procesos comunitarios son complicados y en su cocina intervienen muchas manos. Hay funcionarios que habrán elaborado una propuesta, otros que, la habrán revisado. Habrá comisarios que la discutan, la aprueben y la eleven al Consejo de Ministros. Los ministros la negociarán, y podrán adoptar un acuerdo.

En el Parlamento Europeo, los diputados presentarán enmiendas, actuarán en sus grupos políticos y aprobarán un informe. También la Mesa del Aceite y sus componentes tienen la responsabilidad de enriquecer el debate y facilitar un acuerdo mediante sus relaciones con sus homólogos de otros Estados y transmitir la evolución del proceso a la opinión pública. Todos estos cocineros deben responder a las responsabilidades que tienen contraídas con la UE y es de esperar que las ejerzan en beneficio de la sociedad y de los oleicultores.

Todos estamos sujetos al juicio de la historia; afortunadamente, hoy queda constancia escrita de casi todo y las hemerotecas y archivos tienen la memoria muy larga. Las grandes declaraciones de europeísmo si van del brazo de la omisión y del oscurantismo hacen un flaco favor a la construcción europea.

En el olivar hay muchas situaciones diferentes con aspiraciones legítimas. Sin embargo, la verdadera confrontación aparece entre el productor de aceitunas y el recolector de ayudas, entre el agricultor y el defraudador. Aquí no cabe buscar polémicas estériles entre países y regiones que únicamente irán en contra del olivar. Los productores de aceituna lo son en Italia o en España y la nacionalidad de los defraudadores es accesoria frente a la necesidad de reducir su capacidad de detraer recursos de sus objetivos. Cualquier división puede tener resultados desastrosos para todos los oleicultores europeos.

Esto no excluye que haya diferencias que pueden ser resueltas mediante discusión y que la enriquecerán siempre que no obedezcan a intereses ajenos al sector oleícola. Esto es fundamental para influir en el resultado de unas negociaciones en las que sólo cuatro países de los Quince tienen una producción oleícola significativa.

La reforma de la OCM del aceite de oliva se pone en el tapete al tiempo que la Agenda 2000. Conviene analizar sus contenidos sin dejarse deslumbrar por las connotaciones de futuro de su denominación, ya, que sus contenidos representan la continuidad de los actuales desequilibrios de la política comunitaria. La Agenda 2000 tiende a preparar las políticas de la Unión Europea a la adhesión de los países de la Europea Central y Oriental, y afecta a las dos principales políticas comunitarias, la agraria y la estructural y de cohesión. Sin embargo, no analiza las posibilidades de evolución de la Política Agraria Común y se limita a formular propuestas de gestión sobre tres sectores productivos: los cereales y oleaginosas, la leche y la carne. Aunque se supone que prepara la adhesión de los países del Este de Europa, no hay referencias a su aplicación en ellos ni a su futura financiación.

En la Agenda 2000 los límites financieros no se alteran, se pretenden dedicar más fondos para los tres sectores continentales arriba citados en detrimento de los mediterráneos, se anticipan las eventuales exigencias de Estados Unidos en la Ronda Singapur de la OMC y se va a profundizar en la reforma de la Política Agraria Común de 1992. En cuanto a los fondos estructurales y de cohesión, se plantean condiciones más restrictivas para los Estados que se benefician de ellos.

Dado que la Agenda 2000 es una prolongación de la reforma de 1992, conviene a revisar sus efectos. Entre 1990 y 1995, desapareció un 13% de las explotaciones agrarias comunitarias y se destruyó un 23% del trabajo agrícola. Mientras tanto, el coste de la política agraria se incrementó en un 27% y se concentró en los tres sectores continentales que absorben el 75% del gasto agrario mientras que a las producciones mediterráneas sólo se les dedica un 19%. La Agenda 2000 incrementaría este desequilibrio. Uno de los argumentos para reformar la PAC era que sólo el 20% de los agricultores percibían el 80% de las ayudas. En 1995, en España, el 10% de los agricultores percibía el 90% de las ayudas, con lo que dicho desequilibrio también había empeorado. A este respecto, se formulan intenciones de resolverlo, pero que jugando con la subsidiariedad y la cofinanciación se conjugan conceptos atrayentes, como la política agroambiental o la de desarrollo rural. Por el momento, éstas se quedan en formulaciones vagas. Si hoy se extrapolase el gasto agroambiental de Austria a toda la Unión Europea, sería necesario duplicar el presupuesto de la PAC. En definitiva, detrás de todas estas formulaciones abstractas subyace una renacionalización. Por lo tanto, la Agenda 2000 para España no es un escenario esperanzador como beneficiario de fondos estructurales y de cohesión ni por la importancia de las producciones mediterráneas. Además, se añaden problemas pendientes desde hace tiempo, como las cuotas lácteas o los rendimientos en cultivos herbáceos. Ante esta situación, cada cual debe trabajar con seriedad en su ámbito. Sobre todo, es necesario, en bien de nuestra agricultura y de nuestra sociedad rural, tener en cuenta que con las cosas de comer no se juega.