Sobre listas negativas

La existencia de listas de medicamentos no financiados por los sistemas públicos no es la excepción, sino la regla, entre los países de la UE. En España esta restricción es especialmente leve y no se verá sustancialmente modificada por la ampliación prevista, que supone el 3,5% del gasto público en prestación farmacéutica. La creación de una lista negativa en 1993, aun manejando criterios sanitarios, buscaba claramente una retirada de recursos de la sanidad pública y, de hecho, la estimación del ahorro fue deducida de los presupuestos del Sistema Nacional de Salud. En esta ocasión, por el contrario, ni una sola peseta sale de unos servicios públicos que, independientemente de haber visto crecer su presupuesto de 1998 en 386.000 millones de pesetas sobre el correspondiente a 1997, establece como objetivo del control del gasto en medicamentos, no el ahorro, sino la mejora en la utilización eficiente de los recursos públicos. En otras palabras, los fondos adicionales se dedicarán a mejorar la oferta de servicios: equipos e instalaciones, dispositivos de emergencias, nuevos y más efectivos medicamentos, iniciativas todas ellas con un alto impacto sobre la asistencia a los pacientes.La lista negativa que acaba de iniciar su tramitación, contrariamente a lo que se ha podido escribir, presenta criterios que además de transparentes son compartidos por muchos países. El ministerio los ha explicado con claridad: combinaciones de principios activos, limitada utilidad terapéutica y tratamiento de síntomas y síndromes menores. Estas explicaciones, que, en cualquier caso, siempre se pueden ampliar y mejorar, se han intentado sesgar con mensajes que de ninguna manera se corresponden con la verdad, ni en lo que se refiere a la inclusión o exclusión de determinados productos ni en lo que se refiere a los objetivos de la medida.

1. La desfinanciación de productos combinados a dosis fijas es la regla en otros países. Existen, en cualquier caso, recomendaciones para reducir su uso por parte de la OMS, siempre con la idea de mejorar las condiciones de prescripción y consumo. Desfinanciar la asociación no significa desfinanciar sus componentes por separado. A pesar de que esto queda claro en la lista presentada, se han transmitido mensajes equívocos a este respecto, dando la impresión de que productos de extraordinaria importancia como el analgésico Nolotil o el antibiótico Clamoxyl iban a quedar fuera de la cobertura pública, lo cual es radicalmente falso.

2. Productos sobre cuyo limitado valor terapéutico hay un consenso significativo. De hecho, durante estos días, en algún medio de comunicación se decía que "en España existe un exceso de productos farmacéuticos, no pocos de escasa eficacia, y que hay una tendencia a un consumo injustificado". Existen, no obstante, medicamentos en esta categoría sobre los que se podría justificar cierto nivel de eficacia en determinados enfermos. En este caso la lista especifica las excepciones pertinentes.

3. Medicamentos utilizados en síntomas y síndromes menores, es decir, en procesos cortos y autolimitados. Son medicamentos, por lo general, excluidos de la financiación pública en los países de la Unión Europea. Eso no significa, en ningún caso, que esos síntomas o síndromes menores dejen de estar cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, entre otras cosas, porque pueden producirse en el seno de enfermedades importantes o afectar a pacientes comprometidos por otra razón, como puede ser la edad. Aquí conviene hacer dos precisiones importantes: son productos de utilización muy puntual y limitada en el tiempo. Su utilización continuada está, médicamente, contraindicada, por lo que no es razonable criticar la medida desde el punto de vista de lo oneroso que resultaría su utilización crónica. Por lo demás, el tratamiento, en lo que resulta relevante, de algunas enfermedades y síntomas que se han citado en ciertos medios como el catarro común, la diarrea, las varices o las hemorroides, sigue totalmente cubierto por el Sistema Nacional de Salud, y ningún paciente que padezca alguno de estos problemas, se encuentra expuesto al riesgo de dejar de ser correctamente atendido. A diferencia de la lista negativa de 1993, en esta ocasión se han hecho excepciones de colectivos de enfermos a los grupos excluidos, ya que, en contra de algunas acusaciones que se han vertido, se considera que lo importante son los enfermos y no las enfermedades. En los últimos días se han escuchado algunos comentarios fáciles y con ánimo descalificatorio minimizando (y ridiculizando) la importancia de las medidas generales en el tratamiento de diversas afecciones de carácter leve. Estas medidas son ampliamente compartidas por la profesión médica, e incluso aparecen en guías terapéuticas destinadas al público general y editadas por gobiernos anteriores. No siempre sustituyen a los medicamentos, pero en muchos casos pueden hacer innecesario su uso. Somos conscientes de que, a pesar de que muchos fármacos constituyen una herramienta terapéutica esencial, nos movemos en una acendrada cultura del medicamento que hipertrofia sus beneficios hasta crear incluso dependencias injustificadas, al tiempo que minusvalora formas más racionales de tratamiento o prevención. Pocas dudas pueden caber de que las presiones que se reciben en demasiadas ocasiones en las consultas son producto de esta cultura. Desde la Administración sanitaria, conjuntamente con los médicos, se hace un esfuerzo por reconducir la situación hacia un uso más racional de los medicamentos. Pero si influyentes Profesionales de la información sanitaria consideran que hablar de estas cuestiones puede resultar ofensivo para los pacientes es difícil que avancemos en este terreno. En cualquier caso, debe quedar claro que la posibilidad de aplicar estas medidas generales en determinados procesos no implica la desfinanciación de un producto que puede llegar a ser necesario. Hay aspectos técnicos concretos de la lista que pueden ser discutidos en el proceso de audiencia que conlleva la tramitación del real decreto. Conviene aclarar que estamos hablando del 3,5% de la factura de farmacia financiada con recursos públicos; de 588 especialidades con una antigüedad media de 26 años en una vademécum de más de 8.000 (de los más amplios de la UE); que también se trata de racionalizar el uso de los medicamentos, de renovar nuestro arsenal terapéutico (cada año se registran, al menos, 300 especialidades farmacéuticas) y de mejorar la financiación global de la sanidad con iniciativas que, en materia de política farmacéutica, se encuentran en línea con las políticas de otros países cercanos con gobiernos de distinto signo. Estamos francamente convencidos de que muchos ciudadanos razonables tendrán la misma dificultad que nosotros en comprender la conexión (que algunos pretenden hacer) de este proyecto y la posibilidad de socavar los cimientos del Estado de bienestar. Siempre se pueden explicar mejor las cosas, pero, en cualquier caso, contrarrestar la desinformación en un tema tan fácilmente manipulable no resulta sencillo. Por ello, haremos el esfuerzo necesario para hacer llegar a los ciudadanos la información correcta.

es subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.