Negociación obligada.

EL GOBIERNO de José María Aznar está pagando cara su resistencia a consultar los cambios que propone y su tendencia a dar explicaciones confusas e insuficientes a la opinión pública. La penosa presentación pública del llamado medicamentazo -exclusión de 869 fármacos de la financiación a través de la Seguridad Social- provocó una inquietud social tan extendida como innecesaria y la sensación de que el Gobierno era incapaz de explicar aspectos tan elementales como los criterios con que se habían decidido los medicamentos que se pretenden retirar del circuito financiero público.No es de extrañar que algunas comunidades autónomas pretendan aprovechar tal inquietud para proponer un cambio en el contenido del medicamentazo y forzar, de paso, un acuerdo con el Gobierno central sobre esta cuestión. La Consejería de Salud del País Vasco pretende aglutinar la oposición de Cataluña y Galicia para forzar un nuevo acuerdo, mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, han anunciado que no aplicarán el recorte farmacéutico.

Un análisis frío de cómo funciona hoy la sanidad pública en las comunidades con competencias plenas restaría dramatismo al revuelo originado por la propuesta del presidente andaluz, Manuel Chaves, de asumir el coste de algunos de los medicamentos excluidos, porque las diferencias de cobertura ya existen. Por ejemplo, en la financiación pública de las vacunas. Mientras sólo en el País Vasco se vacunaba hasta ahora de un tipo de meningitis (HiB), Cataluña será la primera en asumir el próximo año una nueva vacuna combinada contra la hepatitis. El documento para la reforma de la sanidad, aprobado recientemente en el Parlamento, prevé unas prestaciones básicas iguales para todos los ciudadanos, pero establece. también que cada comunidad podrá establecer servicios adicionales si tiene dinero para pagarlos.

Conviene relativizar, por tanto, el alcance de esta rebelión en materia de financiación pública de los fármacos, y en ningún caso cabe hablar de conflicto institucional o de llamamiento a la desobediencia civil. Pero hay que señalar al tiempo que resulta impracticable aplicar con cierto rigor una política económica para el conjunto del país si cada decisión debe ser sometida, por sistema, a negociación autonómica. Y tampoco parece demasiado razonable que comunidades autónomas que arrastran deudas cuantiosas se planteen responder a esta medida con el recurso a sus propios fondos presupuestarios para pagar las medicinas excluidas en el área del Insalud.

Pero una vez que la torpeza del Gobierno ha propiciado este rechazo inicial de una buena parte de los agentes sociales, debería hacerse de la necesidad virtud, y abrir, al menos, una vía para negociar rápidamente el contenido y el alcance del recorte farmacéutico en términos más asumibles por la sociedad y sus representantes políticos en el Congreso. La obstinación expresada por Aznar en el mantenimiento de su plan frente a la hostilidad de una parte importante de la sociedad está fuera de lugar y presagia un áspero conflicto.