Una iniciativa mejorable

La presentación por el Grupo Socialista de una proposición de Ley de Calidad e Igualdad en Educación y de su Financiación es una buena iniciativa que UGT acoge positivamente. Desde hace años venimos reclamando un pacto por la educación en nuestro país que garantizando la financiación adecuada permitiese alcanzar un sistema educativo de calidad, solidario y homologable a nivel de Estado, fundamentado en la igualdad de oportunidades.El Gobierno del PP y Esperanza Aguirre eligen la dirección contraria. En pocos meses, sus declaraciones y hechos multiplican las agresiones a la escuela pública y al modelo constitucional. Pero no se enfrentan a las leyes que configuran el sistema con otras leyes, sino que, por falta de apoyos o de valentía política para modificarlas, eligen una labor de zapa, de desgaste más o menos sutil de la educación pública. Mercantilizan la educación, pretenden transformarla en una mercancía sujeta a la oferta y a la demanda; que se compre también educación: a más dinero, más posibilidades.

Ello originó una masiva respuesta de los sectores progresistas que se concretó en la marcha sobre Madrid del pasado 17 de mayo. Esta marcha se convirtió en un punto de inflexión, que llevó a que el Consejo Escolar del Estado y la inmensa mayoría de los agentes sociales de todo el espectro ideológico de la comunidad educativa, reclamasen la necesidad del pacto, del consenso, que se plasmó en septiembre en la declaración a favor de la educación.

En este contexto de protagonismo de movilización y protagonismo social, surge la propuesta del PSOE ante la falta de respuesta por parte del Gobierno o del Partido Popular. No es un hecho aislado. La educación está desempeñando un papel de primera línea en la política de los países más desarrollados -pensemos en el programa electoral de Tony Blair o el reciente discurso sobre el Estado de la Unión de Bill Clinton-, se convierte en una apuesta de futuro, de transformación y cohesión social. Por ello, aunque sólo fuese por centrar el debate educativo en los verdaderos problemas, calidad, igualdad y financiación y no en cortinas de humo, como la de las humanidades, ya sería positiva la ley.

Es evidente que la ley tiene aspectos muy mejorables. Y hay otros que no se tratan y son de capital importancia. Algunos muy ligados a la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), que ha significado para los sectores progresistas de la comunidad educativa un innecesario paso atrás en la política educativa de este país. Cuestiones laborales y retributivas que deben negociarse en sus foros naturales. Pero a pesar de ello e! un muy buen punto de partida, máxime al estar abierta a las propuestas de las fuerzas sociales y parlamentarias La participación de todos podrá mejorarla sustancialmente y ésa es la intención con la que presentaremos nuestras propuestas.

En nuestro análisis, la proposición de ley es una oportunidad para renovar el pacto que se reflejó en el artículo 27 de la Constitución, pero también para completar y financiar el entramado legislativo de la reforma, para estructurar un sistema homologable y solidario en el marco de las transferencias que llegarán a las 17 comunidades autónomas. Y hacemos un llamamiento a que el consenso se dé. Si no ocurre, cada cual tendrá que asumir las responsabilidades y consecuencias políticas de sus decisiones, de convertir la educación pública en un campo de batalla, en una confrontación de modelos educativos y, por extensión, sociales e ideológicos, y, si ello se da, tenemos muy clara nuestra posición, la hemos descrito en líneas anteriores: la defensa de la educación pública como un pilar básico de Estado de bienestar.