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Romay, dispuesto a corregir posibles errores de la lista del 'medicamentazo'

Dos asociaciones de consumidores piden ayuda al Defensor del Pueblo

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, salió finalmente ayer a defender en público el medicamentazo, tras su ausencia en la rueda de prensa oficial. Y lo ratificó como una medida necesaria para dedicar a otras prioridades asistenciales los recursos que se ahorren con ella, si bien admitió que su departamento está dispuesto a corregir posibles errores en la lista de 869 fármacos elaborada por la Administración. La medida y su lógica siguen sin gustar a las entidades ciudadanas. Ayer mismo, dos asociaciones de consumidores solicitaron al Defensor del Pueblo que intervenga para que se retire el proyecto.

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La Confederación de Consumidores y Vecinos y la Unión de Consumidores y Usuarios fundamentan su desacuerdo en que los fármacos seleccionados son ampliamente consumidos entre la población pensionista, por lo que sacarlos de la financiación pública perjudicaría a quienes tienen menor poder adquisitivo y habrían de pagar su precio íntegro.En segundo lugar, entienden que si realmente no son eficaces, el que se vayan a seguir recetando desde la sanidad pública -con el coste completo a cargo del enfermo- supone "un claro atentado contra el derecho de todo ciudadano a la protección de la salud".

El ministro José Manuel Romay, que compareció ayer en diversas emisoras, intentó desarmar estas apreciaciones y reiteró, en defensa de los criterios adoptados, que hasta ahora se han venido financiando con dinero público "fármacos con eficacia limitada".

En declaraciones a la cadena SER, el titular de Sanidad afirmó: "Tenemos la prestación farmacéutica más amplia de Europa, seguimos teniendo más medicamentos financiados que los países más ricos de Europa y, sin embargo, tenemos peor los hospitales, peor las listas de espera y peor otro tipo de atenciones. Nosotros creemos que es preferible dedicar estos recursos a hacer un plan integral de atención a la mujer; hacer más quirófanos, operar más por las tardes o mejorar los centros de salud, que gastar en estos medicamentos".

Ejercicio

El ministro Romay apoyó las afirmaciones que habían hecho anteayer el subsecretario de Sanidad y el director general de Farmacia. Ambos aseguraron que los fármacos que se van a excluir "se pueden suplir efectivamente en algunos casos con medidas higiénicas o con ejercicio físico".No obstante, el ministro de Sanidad, en una entrevista en Radio Nacional, se mostró dispuesto a subsanar posibles errores de la lista de exclusiones, que aún debe ser sometida al criterio de las sociedades médicas y científicas.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, ironizó ayer al decir que "como todo va tan bien", a partir de ahora "irán bien las cosas pero con toses y contra el bolsillo de los ciudadanos", informa Isabel Salvador.

Según Bono, el medicamentazo es una medida más para que un Gobierno que compra su estabilidad pueda mantenerla. El jefe del ejecutivo regional dijo que alguno de los medicamentos, como el Clamoxil mucolítico o el Bisolvon, "forman parte de nuestra propia cultura" y criticó la contradicción de un Gobierno que aprueba decisiones que rechazó antes. "La elasticidad del pensamiento de algunos es superior a la de la goma", dijo; y advirtió de que la goma se puede romper cuando se llega al absurdo.

El Ejecutivo canario también mostró ayer su disconformidad, pero esta vez con la forma, ya que entiende que las comunidades autónomas deberían haber sido mejor informadas sobre la lista del medicamentazo.

Para el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Iñaki Azkuna (PNV), la decisión del Ejecutivo central de excluir de la financiación pública 869 medicamentos no supone ningún ahorro, informa Eduardo Azumendi. "Yo creo que no va a ser un proceso ahorrador, y en todo caso si se ahorra el ministerio ha dicho que se reinvertirá en sanidad". Así, recordó que la misma medida adoptada en 1993 por el entonces Gobierno del PSOE tuvo "un escaso efecto".

"El debate que hay que abrir", recalcó, "es el de la racionalización del uso de fármacos. Es decir, no se trata de ir a un proceso tendente a ahorrar, sino a un proceso de razonabilidad. El núcleo de la cuestión es la calidad del medicamento, si sirve o no sirve, si es bueno o no es bueno".

De esta manera, el consejero vasco defendió la eliminación de los medicamentos compuestos de dosis fija. "En la lista del ministerio hemos detectado que algunos medicamentos no deberían haberse incluido y otros que sí. Ciertos fármacos no tenían que estar autorizados desde hace veinte años".

PSOE e IU del País Vasco aprovecharon las explicaciones del consejero para criticar la medida. La portavoz socialista, Carmen Asiain, acusó al Gobierno del PP de "engañar" a los ciudadanos al plantear el recorte como una medida de racionalización. "Se trata de una postura política: el Gobierno ha decidido que sean los ciudadanos los que paguen".

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