La fumigación de edificios públicos catalanes provoca graves intoxicaciones
Siete personas sufren invalidez y el fiscal acusa de ello a una empresa de desinfecciones
El uso de organofosforatos y píretroides en la desinfectación de edificios públicos está ocasionando en Cataluña numerosas bajas laborales y una decena de casos de invalidez total. La falta de prevención de la Generalitat ha provocado que algunos de las víctimas sean de sus propios departamentos. La fumigación con esos productos altera irreversiblemente, según el tiempo de inhalación, el sistema nervioso de personas afectadas. En todos los casos detectados la fumigación se realizó con personas dentro del edificio o se ocupó pocas horas después, en lugar de aguardar 48 horas.
Hasta el momento, denuncias presentadas por trabajadores han acabado con sanciones a empresas fumigadores. Algunas de esas empresas, pese a todo, siguen trabajando para la Administración.En 1994 la fumigación para combatir una plaga de hormigas en el laboratorio de Microbiología del hospital de Barcelona Vall d'Hebron afectó a decenas de empleados. No salió a la luz pública. Hoy, cuatro años después, siete de las empleadas del laboratorio afectadas sufren invalidez absoluta por "síndrome de sensibilidad química múltiple", provocado por productos organofósforados. Este síndrome provoca alteraciones neurológicas cada vez que se relacionan con algún producto químico; las siete mujeres del laboratorio apenas pueden andar más de 100 metros seguidos, apenas pueden viajar, a no ser que vayan con una mascarilla. El pasado noviembre, en los Tribunales, el fiscal solicitó 500 millones de indemnización para las víctimas y el arresto del director de la empresa y del fumigador. La sentencia aún no se ha dictado.
Casos como aquél se siguen produciendo en Cataluña, especialmente en edificios públicos y herméticamente cerrados. La empresa juzgada en noviembre ha seguido trabajando para la Administración Pública. Fue la misma que también desinfectó las piscinas municipales de Badalona, con centenares de personas. dentro, y poco depués, en febrero del año pasado, fue sancionada por el Ministerio de Trabajo. Cuando fumigó en el hospital Vall d'Hebron ni siquiera estaba dada de alta en el registro de Sanidad de la Generalitat, pese a lo cual obtenía contratos públicos, según datos del propio departamento.
Esa empresa continuó trabajando para el Hospital VallHebron hasta que acabó su contrato; luego ha sido sustituida por otra del sector, que también tiene abierto un expediente sancionador por parte de inspección de Trabajo precisamente por fumigar un local de este departamento. Al menos una persona resultó gravemene perjudicada y otras sufren malestares periódicos, que Trabajo no quiere atribuir a esa fumigación sin previo aviso.
Multa de cien millones
Funcionarios de la Generalitat que prefieren mantener el anonimato critican que el Gobierno autónomo se haya preocupado más por ocultar los casos que por la prevención de otros nuevos. El resultado es que los problemas se siguen produciendo. Recientemente se evitó en la misma puerta de un colegio que el servicio de desinfección trabajara con los alumnos dentro. Otro caso reciente es el de un Hospital de Barcelona, donde se fumigó cerca de la unidad de recién nacidos; o en la universidad Pompeu Fabra, donde una empleada de la limpieza ha quedado seriamente afectada; otra situación similar se ha dado en un geriátrico.Especialistas de Seguridad e Higiene de la Generalitat hacen hincapié en que, si se desconoce que ha habido fumigación, la víctima nunca sabrá por qué se siente mal, o por qué un recién nacido tiene una alergia.
Técnicos en Salud Laboral advierten que, además de deinfectar los edificios sin personas dentro, en ningún caso se debe ocupar antes de transcuridas 48 horas de la operación, aunque, según los productos y las mezclas realizadas, la clausura del edificio se debe ampliar hasta las 72 horas.
Desde lo ocurrido en el hospital barcelonés, se han repetido accidentes similares en otros centros sanitarios y colegios.
El grueso de las denuncias presentadas ante Inspección de Trabajo procede de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, quizás porque su puesto de trabajo no corre peligro. Hay denuncias de trabajadores de los Departamentos de Sanidad, de Eseñanza y hasta, paradójicamente, de Seguridad e Higiene. Algunas denuncias van dirigidas contra el propio departamento gubernamental -que es el que contrata el servicio- y otras contra a empresa que desinfecta.
La sanción administrativa máxima para este tipo de irreguaridades es de 100 millones de pesetas, cifra que nunca alcanzada en un expediente oficial.
