Las discrepancias entre las autonomías bloquean el reparto de 10.000 millones

La disparidad de criterios entre las comunidades impide el reparto entre ellas del fondo de nivelación de servicios presupuestado para 1997, cuya función es compensar a las que tienen mayores carencias y que se aprobó con el nuevo modelo de financiación, acordado en septiembre de 1996. El disenso no se ha producido entre las del PP y las del PSOE, sino entre las mediterráneas y la mayoría de las mesetarias. Los 10.000 millones no repartidos ahora se sumarán a los 12.000 presupuestados para 1998.En sendas reuniones, en noviembre y diciembre, en las que el gobierno convocó a los representantes de las 15 regidas por el modelo de financiación común para repartir el mencionado fondo, se produjo un claro enfrentamiento entre las comunidades. Las mediterráneas, como Cataluña, goberada por CiU, y la Comunidad Valenciana, por el PP, se enfrentaron con las mesetarias, como Castilla-La Mancha y Andalucía, por el PSOE, y Castilla y León, por el PP, en defensa cada una de sus intereses territoriales.

Las mediterráneas defendieron la defensa del reparto siguiendo el criterio de población puro, que favorece a las de mayor índice de renta. En su opinión, el Estado de las autonomías ya favorece de forma suficiente a las de renta más baja.

A su vez, las mesetarias mantuvieron que el reparto se guiara por los baremos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que, junto al índice de población, tiene en cuenta el índice de pobreza y de extensión del territorio, lo que favorece a las de renta más baja. Incluso Extremadura, gobernada por el PSOE, fue más allá y sostuvo que el criterio fuera el del FCI siguiendo la media española y no la europea, que deja fuera del reparto a las de mayor índice de renta. El FCI, dotado con unos 100.000 millones, tiene como finalidad la inversión en infraestructuras mientras que el de nivelación de servicios cubre el gasto corriente.

Ante el desacuerdo entre las comunidades, el Gobierno optó por no repartir el fondo en 1997 y traspasar la cifra a los presupuestos de 1998, en los que su importe ascenderá a 22.000 millones. Eso sí, el fondo sólo se repartirán si a lo largo de este año se alcanza un consenso.

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, pidió colaboración en este conflicto al secretario de Política, Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, que no se la prestó ante la diferencia de ideas sobre la financiación autonómica en general.

Responsabilidades

La atribución de responsabilidades varía, según las comunidades. Magdalena Álvarez, consejera de Economía de Andalucía responsabiliza al Gobierno del PP del desacuerdo. Así, argumenta que convocó a las autonomías muy tarde, a finales de año, y no presentó propuestas concretas.Juan José Lucas, el presidente de Castilla y León, que se ha alineado con las comunidades del PSOE, no entra en la atribución de responsabilidades, sino que alega sus intereses territoriales. Pero recuerda que, al menos, "el Gobierno popular se ha preocupado de presupuestar una nivelación que el socialista ha tenido congelada cinco años".

El artículo 15 de la LOFCA dice: "El Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia. Cuando una comunidad (...), con la utilización de sus recursos financieros, no pudiera asegurar un nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá a través de los Presupuestos Generales (...), con especificación de su destino, una asignación complementaria cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el articulo 158,1 de la Constitución".