Gobierno de Menem promete la reforma de la ley de obediencia debida

Gobierno y oposición se acusaban ayer mutuamente por el bochornoso espectáculo ofrecido el miércoles en el Congreso argentino, donde tras horas de discusiones estériles se acabó suspendiendo el esperado, debate sobre la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No habrá debate, pero el Gobierno, en un gesto de dudosos fines, se apresuró a anunciar la presentación de un proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar, que comprende una redefinición de la obediencia debida.

Con ello se derogará la ley vigente, como reclamaba un sector de la Alianza, la coalición de oposición, pero sin alterar los efectos producidos por las dos controvertidas leyes en favor de los militares juzgados por la represión durante la última dictadura.Por lo visto y oído las últimas semanas en Buenos Aires, no es atrevido afirmar que ni Gobierno ni oposición querían realmente el debate, en la medida que la cuestión de las violaciones de los derechos humanos difícilmente podía garantizar réditos políticos, sino que amenazaba con abrir fisuras internas tanto en el peronismo como en la Alianza de radicales y el Frente País Solidario (Frepaso). El ex presidente Raúl Alfonsín, cuyo Gobierno aprobó las polémicas leyes, lo expresó claramente tras la suspensión del debate: "Dejemos algunos temas fundamentales, como el de derechos humanos, fuera de la competencia partidaria". No es previsible que este deseo se cumpla. Enfrascadas en una guerra dedescalificaciones, las dos principales formaciones políticas actúan como si Argentina estuviera en campaña electoral.

Más allá del simbolismo que tendría un debate parlamentario para condenar la impunidad, los efectos prácticos de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida exigidos por los familiares de los desaparecidos son escasos. Para lograr lo que piden las Madres de Mayo -que los responsables y autores de los crímenes de la dictadura militar no sigan en libertad- "habría que apartarse del Estado de Derecho", comentó a EL PAÍS el juez León Carlos Arslanian, quien fue presidente de la Cámara Federal, el tribunal que juzgó a las juntas militares. "El coste sería terrible, porque generaríamos una inseguridad brutal. No podemos olvidar que a lo largo de la historia el principio de cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal ha costado miles de muertos y muchos sacrificios".