El peronismo impide que la Cámara de Diputados debata las leyes que exculparon a los militares de la dictadura

¡Una vergüenza! ¡Una tomadura de pelo!", gritaban los familiares de los desaparecidos argentinos concentrados en el Parlamento. El gubernamental Partido Justicialista (peronista) acababa de anunciar la suspensión de la sesión extraordinaria que debía debatir ayer la derogación, propuesta por la oposición, de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exculparon a más de mil militares implicados en crímenes durante la última dictadura. Anoche no se sabía si el esperado debate, del que se habló diariamente durante el último mes, no tendrá ya lugar o se celebrará más adelante. Queda en evidencia, una vez, la incapacidad de la clase política argentina para abordar a fondo la cuestión no resuelta de los derechos humanos violados por la dictadura militar.La razón esgrimida por los peronistas es que el debate de ayer debía reducirse a la propuesta de derogación de las dos leyes, presentada a comienzos de enero por varios diputados de la oposición, encabezados por Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo. El partido del presidente Carlos Menem se negó en redondo a incluir en el debate ningún otro tema, en concreto la propuesta de la Alianza opositora de que se reforme el artículo 514 del Código de Justicia Militar, que enmarca la obediencia debida. Con esta iniciativa, la oposición sorteó las divergencias internas que había provocado el debate, habida cuenta de que las dos leyes en cuestión fueron aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, que forma parte de la Alianza.

El texto de reforma del código militar es el siguiente: "Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiera dado será el único responsable y sólo será considerado cómplice el inferior cuando éste se hubiera excedido en el cumplimiento de dicha orden, cuando la orden hubiera consistido en la realización de una acción manifiestamente contraria a la Constitución nacional".

El jefe del grupo parlamentario de la Alianza, Federico Storani, subrayó que para la oposición "el tema a discutir es muy importante por las consecuencias jurídicas, políticas y humanas". La modificación del artículo de la legislación militar daría viabilidad jurídica a la derogación de la ley de Obediencia Debida. Peronistas y oposición se acusan mutuamente de utilizar la cuestión de los derechos humanos con fines partidistas. "No es patrimonio de ningún partido político", clamaba el jefe del grupo parlamentario peronista, Humberto Roggero.

Tras el escándalo de ayer, se abre una gran incógnita sobre el futuro del debate. Por lo pronto, la imagen del Parlamento ha quedado seriamente dañada, rozando el ridículo. La opinión pública, mayoritariamente a favor de la derogación de las leyes, según las últimas encuestas, recibe de nuevo un mensaje frustrante. En los cuarteles debe respirarse un cierto aire de tranquilidad. Fuentes de las Fuerzas Armadas han hecho llegar "una profunda preocupación" ante el cariz que estaban adquiriendo los últimos días los prolegómenos del debate.