Los inspectores de Madrid exigieron una orden firmada para revisar por dentro los surtidores

El consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Luis Blázquez, aseguró ayer en la Asamblea regional que tuvo que firmar una orden por escrito para que los inspectores autonómicos abriesen los surtidores de las gasolineras y comprobasen el presunto fraude, ya que se negaban a hacerlo, alegando que no tenían capacidad para ello. "Nadie en España había hecho ese tipo de inspección, nadie había abierto los surtidores" enfatizó Bláquez. Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron al PSOE e Izquierda Unida, que impulsarán la creación de una comisión de investigación.

El Gobierno autonómico y los grupos de la oposición sólo coincidieron en un punto: en elogiar a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyo informe destapó el escándalo de las gasolineras el pasado 12 de enero, y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, que presentó las pruebas del presunto fraude ante el juzgado de guardia cuatro días después.Por lo demás, el pleno monográfico celebrado ayer por la tarde en la Asamblea regional fue un diálogo de sordos, en el que los reproches de la oposición a la actitud de la Administración madrileña fueron contestados por el Partido Popular con una defensa cerrada de su actuación y críticas a la herencia recibida.

Frente las palabras del portavoz del PSOE, Juan Antonio Barrio, que definió la reacción del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón tras la denuncia de la OCU como "un poco de negligencia, algo más de pasividad y mucha prepotencia", el consejero inició su intervención remitiéndose a los "antecedentes remotos" del caso: el informe elaborado en 1994 por la Administración regional socialista que, a pesar de que alertaba sobre la existencia de un presunto fraude en las gasolineras, fue "rigurosamente archivado".

Blázquez también recordó que los protocolos de inspección utilizados hasta ahora, inoperantes para descubrir el engaño, son los mismos que utilizaba el PSOE y los mismos que emplean las demás comunidades autónomas. Sólo cuando se modificaron, agregó, fue posible descubrir la manipulación de los surtidores. "Rompimos con más de una década de inercia a las 72 horas de la denuncia", dijo. Incidiendo en las comparaciones, Blázquez recordó que la Comunidad de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, tardó 15 días en actuar, "mientras que en Andalucía [también bajo gobierno socialista] dicen que todo está bien sin haberlo mirado".

El consejero no quiso aclarar los motivos que le llevaron a expedientar a uno de los dos inspectores autonómicos y a destituir al jefe del servicio de inspección de gasolineras, alegando que "no ha habido problema de inspectores sino de procedimiento y se ha tenido éxito no por cambiar a los inspectores sino a los procedimientos". También rechazó el cese del director regional de Industria, Leopoldo del Pino, que reclamaron tanto el portavoz del PSOE como el de Izquierda Unida, Julio Misiego, por "su pasividad inicial y su incompetencia posterior". Blázquez dijo que no daría a su subordinado el placer de regresar a la empresa privada e incluso lo ensalzó por "haber sabido mantener el respeto a las normas y a los procedimientos" frente a la presión pública.

Hasta ayer, según explicó, habían sido inspeccionadas 221 gasolineras, 908 surtidores y 3.572 mangueras, algo más de la mitad de las que existen en la región. Como consecuencia de ello, habían sido cerradas seis gasolineras, 53 postes y 188 mangueras y se habían abierto 45 expedientes sancionadores. Ello significa que han sido precintadas en torno al 6% de las mangueras y expedientadas alrededor del 20% de las estaciones de servicio.

Preguntado si puede garantizar a los madrileños que actualmente no se les engaña cuando repostan gasolina, Blázquez dijo que la situación está "bajo control", aunque reconoció: "Hoy por hoy no me atrevería a decir que tenemos un sistema absolutamente seguro en ninguna parte de España, pero estamos trabajando para ello y la situación es incomparablemente mejor que hace cuatro semanas".

Las explicaciones del consejero no convencieron al PSOE e IU, que anunciaron que hoy mismo solicitarán la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el fraude de las gasolineras. La iniciativa saldrá adelante ya que ambos grupos tienen votos suficientes para ello.

El pleno rechazó ayer, sin embargo, los puntos básicos de una proposición no de ley socialista que pretendía la elaboración de una ley de protección al consumidor y la creación de una fiscalía regional de consumo.

Julio Misiego, de IU, pidió que las gasolineras del Grupo Villanueva actualmente cerradas sean reabiertas, bajo administración judicial, para salvaguardar los puestos de trabajo.