Repsol pedirá reaperturas bajo control judicial

. La compañía petrolera Repsol pedirá que las estaciones de servicio actualmente clausuradas por presunto fraude se reabran, pero a condición de que no sean gestionadas por el Grupo Villanueva sino directamente por el juzgado.

Fuentes de dicha empresa, que abandera la mayoría de las gasolineras del grupo, indicaron que la administración judicial de estaciones de servicio, como medida cautelar y provisional, tiene antecedentes en procesos de carácter civil. Esta medida, agregaron, debería adoptarse, una vez que se practiquen las pruebas periciales sobre el cableado descubierto, para no perjudicar a los usuarios ni a los trabajadores. Las gasolineras cerradas son las de Cerro de la Cabaña, Loessa, José Rebuelta y Fearvi, todas ellas en Madrid. El patriarca del grupo, Francisco Javier Villanueva Aranguren, pidió ayer al juez permiso para reabrirlas, pero el fiscal se opuso a ello.

Villanueva y sus socios están acusados de un delito contra los consumidores, que el artículo 283 del Código Penal castiga con seis meses a un año de cárcel. La multa puede llegar a un máximo de 27 millones de pesetas. La clausura de la empresa, la disolución de la sociedad o la suspensión de actividades por un máximo de cinco años podrían ser otras penas accesorias.