Villanueva declara al juez que la manipulación de sus gasolineras era para prevenir apagones
Francisco Javier Villanueva Aranguren, patriarca del grupo de empresarios de gasolineras acusados de estafar a los consumidores, negó ayer ante el juez que el cableado descubierto en cuatro de sus estaciones de servicio sirva para suministrar menos combustible del que se cobra. Según su versión, se trata de un mecanismo dirigido a evitar que se pierda el registro de litros vendidos cuando se produce un corté de luz. Expertos en surtidores calificaron ayer de "inverosímil" la explicación de Villanueva, quien exoneró a sus socios y asumió toda la responsabilidad en la instalación de este cableado, hace ya 15 años.
Cinco de los 11 directivos del Grupo Villanueva imputados en el presunto fraude de las gasolineras prestaron ayer declaración ante el juez Andrés Javier Gutiérrez Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. Fueron interrogados Francisco Javier Villanueva Aranguren, Manuel Mateo Cardo, Manuel Mateo Cerrada, Arturo Sanz Millán y Carlos Sanz Calvo. Los otros seis imputados no acudieron a declarar, al parecer por defectos de forma en las citaciones, y serán convocados de nuevo, probablemente para la próxima semana.
Salvo Villanueva Aranguren, los demás imputados aseguraron que eran totalmente ajenos a la gestión de las gasolineras y desconocían el mecanismo presuntamente fraudulento descubierto por la Fiscalía y La Comunidad de Madrid. Al patriarca del primer grupo privado de gasolineras de España, con más de 50 estaciones de servicio, le tocó ofrecer las pertinentes explicaciones.
Francisco Javier Villanueva Aranguren, de 60 años, nieto del fundador del clan, aseguró que los cables que iban desde los surtidores hasta un interruptor oculto en el interior de las gasolineras no servían para manipular los contadores, de forma que reflejaran una cantidad de combustible superior a la realmente suministrada, sino que se trataba de un mecanismo de seguridad.
Inverosímil
Según su versión, el sistema se activaba en caso de interrupción del fluido eléctrico para evitar que se perdiera el registro de combustible vendido, que también se refleja en el contador electrónico del surtidor.Pero, según los expertos, esto es inverosímil. En primer lugar, los postes tienen una pila que les permite seguir funcionando si se corta la luz. Además, disponen de un contador mecánico, llamado totalizador -cuya cifra no se pierde aunque falte la electricidad- que refleja la cantidad de combustible extraído del tanque.
Francisco Javier Villanueva, que se responsabilizó en exclusiva de la gestión de las estaciones de servicio y de la creación de este sistema, cuya instalación ordenó a sus propios mecánicos.
A pesar de que toda manipulación de un surtidor debe ser autorizada, admitió que jamás informó de su invento a la Administración, a la firma fabricante de los postes (Cetil) o a otros gasolineros, que en teoría también debían padecer el problema resuelto con su sistema, pues se trataba de un asunto interno del grupo, argumentó. De hecho, los únicos que conocían la existencia del cableado, según su testimonio, eran los encargados de las gasolineras, que debían activarlo cuando se iba la luz.
El empresario aseguró que el sistema se instaló hace ya 15 años en varias estaciones de servicio que no quiso concretar aunque, en coherencia con su explicación, debían ser bastantes más que las cuatro en que se ha descubierto. El máximo responsable del grupo dijo que hace seis meses decidió sustituir este mecanismo por otro más avanzado, de carácter informático en vez de electrónico, tarea que encomendó a su hijo Francisco Javier Villanueva Bravo, que ayer no compareció ante el juez aunque había sido citado.
Para demostrar que el mecanismo instalado en sus gasolineras no servía para estafar a los clientes, Villanueva Aranguren pidió que se realice una prueba pericial consistente en medir el combustible que suministran los surtidores con y sin el sistema en marcha. Los expertos consideran que esta prueba no arrojará luz sobre el caso, pues al cableado descubierto le falta el circuito electrónico (denominado bicho en el sector) que altera los impulsos transmitidos al contador y, en consecuencia, el dinero que debe pagar el cliente.
Villanueva Aranguren fue interrogado por el fiscal de Medio Ambiente y Consumo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain. La defensa del empresario ha sido asumida por Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático de Derecho Penal y uno de los abogados más prestigiosos de Madrid, que no asistió personalmente a la declaración. Quien sí estuvo presente fue el letrado de la petrolera Repsol, que abandera la mayoría de las estaciones de servicio del grupo, aunque no formuló ninguna pregunta.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyo informe destapó el presunto fraude el pasado día 12, no pudo participar en estas primeras diligencias al no haber formalizado su personación en la causa.
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