El PSOE asegura que el fraude de gasolinas de 1994 era sólo fiscal

Las supuestas irregularidades en gasolineras que advirtió en 1994 el entonces Gobierno regional socialista de Madrid eran sólo de tipo fiscal y no tenían nada que ver con el engaño que denunció la Organizacion de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado día 12 y que consiste en trucar los surtidores para echar menos gasolina de la que se paga. Así lo afirmó ayer el secretario general de la Federación Socialista de Madrid, Jaime Lissavetzky.

La Subdirección General de Protección al Consumidor de la Comunidad de Madrid lanzó en junio de 1993 una campaña de inspección de las gasolineras que duró un año (véase EL PAÍS de ayer). Las conclusiones señalaban "indicios de conductas irregulares", en 21 estaciones de servicio, el 16% de las sometidas a la investigación, según el informe final.En ese escrito, la Subdirección General admitía, no obstante, que no era posible determinar la causa del supuesto fraude debido a "deficiencias técnicas y normativas" del sistema de control administrativo.

Pero se trataba de irregularidades "fiscales, y no del fraude a los consumidores destapado recientemente", según Lissavetzky. Éste admitió que "no coincidían las cantidades recogidas en los albaranes de entrada y salida de combustible que presentaron las gasolineras", e interpretó que "el PP ha sacado este informe para tratar de camuflar su negligente gestión a la hora de defender los intereses de los ciudadanos".

Los socialistas exigen la celebración de un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para "aclarar el fraude de las gasolineras y depurar responsabilidades en su caso. No vamos a consentir que quienes defraudan a los consumidores se vayan de rositas", concluyó Lissavetzky.

La junta de portavoces de la Asamblea de Madrid decide hoy precisamente si convoca a la Diputación Permanente para que el Gobierno regional del PP explique su "tardía reacción", según el PSOE.