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Tribuna:EL DEFENSOR DEL LECTOR

Los hechos y su explicación

El contencioso abierto hace un año en torno a la subvención al olivar -si a la producción, como pretenden el Gobierno y los olivareros españoles, o al árbol, como quieren la Comisión Europea y específicamente el comisario de Agricultura, Franz Fischler- ha calado hondo en la opinión pública española. Los intereses en juego son muchos e importantes, y es lógico que la pugna por hacer prevalecer los diversos puntos de vista se libre no sólo en los despachos de Bruselas, sino en los medios de comunicación. Se dibuja así un escenario en el que la tarea del periodista no resulta fácil, sometida al vaivén de opiniones diversas y encontradas, a informes y contrainformes a favor de una u otra postura, y al permanente riesgo de tomar como noticia lo que no pasa de ser propaganda.En este escenario se enmarca la información publicada en EL PAÍS del pasado 20 de diciembre (sección de Economía) con el título El comisario Fischler se escuda en un informe internacional para mantener la ayuda al olivo en vez de a la producción, de la que es autor Vidal Maté, colaborador especializado en temas agrícolas de este periódico. El dato fundamental de la noticia aparecía perfectamente reflejado en el título: la utilización por parte del comisario Fischler de un informe del Consejo Oleícola Internacional (COI) -un organismo integrado por los países productores de aceite de oliva y financiado en un 80% por la Comisión Europea, que nombra a sus principales responsables, entre ellos a su director ejecutivo- en apoyo de su postura a favor de la ayuda al árbol en lugar de a la producción como reivindica España. Pero el periodista no informaba sólo de un hecho del que fueron testigos los eurodiputados presentes en la sesión del Parlamento Europeo del pasado 17 de diciembre; se esforzó también por explicar el hecho, exponiendo al lector sus posibles causas. Basándose en "fuentes españolas", en "fuentes del Patrimonio Comunal Olivarero", así, como en "medios cercanos a la Administración", señalaba que "el informe de este organismo es un documento parcial que no recoge la realidad del sector y que, además, ha estado 'teledirigido' desde la Comisión de la Unión Europea para apoyar sus planteamientos ante la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector". Además, la información subrayaba la contradicción existente entre el dato básico del referido informe -el supuesto exceso de oferta de aceite en el año 2005- y la principal conclu-sión de otro informe del Patrimonio Comunal Olivarero, según la cual en esa fecha no sólo no sobrará aceite, sino que la oferta se mantendrá ajustada.

Fausto Luchetti, director ejecutivo del COI, cuestiona en una extensa carta el contenido de la información. No hay, sin embargo, en su misiva nada que pueda tomarse como un desmentido del dato fundamental de la noticia: la utilización del informe del COI por Fischler en apoyo de la subvención al árbol. Disiente radicalmente, en cambio, de la explicación que se. ofrece sobre el proceso de elaboración del informe del COI. Luchetti defiende la "total independencia" del organismo que dirige en la elaboración de dicho informe, y niega cualquier tipo de relación de causalidad entre su génesis y su utilización por Fischler. "No existe", dice, "la más mínima relación entre las conclusiones -a las que se llega en el estudio del COI y' el sistema de concesión de ayudas a la producción que podría proponer la Comisión de la Comunidad Europea de Bruselas. Sí existe, sin embargo, y esto viene. precisado en el estudio, una relación -entre las conclusiones del mismo y la conveniencia de contener en el futuro la expansión de las superficies oleícolas cuando ya no haya posibilidad de ampliar la demanda". Rechaza igualmente cualquier contradicción sustancial entre el informe del COI y el del Patrimonio Comunal Olivarero. "La única diferencia", señala, "estriba en que en el estudio del Patrimonio no se tiene en cuenta las nuevas plantaciones y, por tanto, los efectos de éstas en la producción del año 2005 y siguientes, mientras que en el estudio del COI sí se consideran, precisándose además que, de no existir estas nuevas plantaciones, el mercado mundial del aceite de oliva en el 2005 podría considerarse en situación de equilibrio, al igual que concluye el estudio del Patrimonio".

Para el Defensor del Lector esdificil, por no decir imposible, verificar la realidad de los hechos y datos que se reseñan tanto en la información cuestionada como en la carta del director ejecutivo del COI. Pero no es ésa su tarea. El director ejecutivo del COI tiene derecho, como es obvio, a matizar o rectificar datos supuestamente inciertos sobre el organismo que dirige. También a que se presuma la veracidad de lo que dice. En esto tiene ventaja sobre el periodista, para el que la sola presunción de veracidad no basta para avalar la solvencia de su información; su oficio le exige sustentar lo que dice en fuentes fiables y verificables. Unas insuficientemente identificadas "fuentes españolas", "fuentes del Patrimonio Comunal Olivarero" o "medios cercanos a la Administración" no bastan para fundamentar imputaciones tales como que el informe del COI ha "estado teledirigido" o "ha sido hecho al dictado de la Comisión Europea". El periodista tenía dos caminos: o conseguir que algún portavoz autorizado de la Administración o del sector olivarero diera la cara y avalara personalmente ese tipo de afinnaciones; o, de no conseguirlo -algo quesucede con frecuencia en las relaciones de los responsables públicos de todo tipo con la prensa-, contrastar esas fuentes con las propias del COI. Es un procedimiento, por lo demás, exigible en casos conflictivos, en los que hay dos partes en litigio, según ordena el Libro de estilo.

Quedaba al periodista una tercera opción, mucho más trabajosa y probablemente imposible de llevar a buen término: verificar por sí mismo, mediante una investigación propia, la realidad de lo apuntado por esas indeterminadas "fuentes españolas". En esta línea, el periodista ha aportado un dato que, de haber figurado en la información, habría servido para acreditar con mayor solidez el importante extremo de que la génesis del informe del COI está en la Comisión Europea. "Hay que puntualizar que la Comisión de la Unión Europea pidió el informe en la reunión del COI de junio pasado en Lisboa. España expresó su malestar por esa petición, de la que no había sido informada", señala Vidal Maté al Defensor del Lector. Explicar los hechos, buscar las causas de lo qué sucede es una tarea a la que no renuncia ningún periodista que se precie. Pero esa tarea exige, además del imprescindible olfato periodístico, una esforzada labor de verificación de una realidad normalmente oculta, no sólo porque no está a la vista, sino porque siempre habrá alguien que tenga interés en queno se conozca o que sólo sea desvelada a medias o a conveniencia.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número (91) 3 37 78 36

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de enero de 1998