Los rectores acogen con reticencias el plan de reforma del profesorado

El anteproyecto de reforma del profesorado universitario que el Ministerio de Educación ha elaborado en aplicación de los acuerdos a los que llegó en noviembre con los rectores ha sido acogido por éstos con bastantes reticencias. Aunque la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) no se ha pronunciado oficialmente sobre su contenido, que afecta al título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), las impresiones recogidas entre los representantes universitarios son claramente negativas, especialmente por la recuperación de los concursos de méritos para cubrir plazas antes de convocar oposiciones.

La CRUE ha difundido un comunicado en el que con reticencias indisimuladas se deja ver que el ministerio no le ha enviado el proyecto (se habla de que "ha circulado un borrador") y se añade que el texto "contiene algunos puntos" acordados [dos figuras de profesores, contratados doctores y colaboradores, y cambios en el sistema de oposiciones y en los tribunales], pero también otras cuestiones no pactadas que "requieren un detenido análisis". Los comentarios realizados en privado hacen prever que este análisis será crítico con el anteproyecto.

La medida no pactada más relevante es la reinstauración de los concursos de méritos, de forma que, antes de convocar oposiciones abiertas para cubrir una plaza, las universidades deberán ofrecerla internamente a los profesores del mismo cuerpo en todo el país. Sólo si queda vacante podrá ofrecerse a los aspirantes de menor rango. Es decir, si prospera esta norma, una cátedra se ofrecería primero a quienes ya son catedráticos, y sólo después a los titulares.

La reacción sindical ha sido durísima. Josep Ferrer, responsable de Universidad de Comisiones Obreras, ha calificado la propuesta de marcha atrás: "La ministra pretende desandar el camino andado con la LRU. Parece que quiere celebrar el centenario del 98 volviendo a 1898. Ferrer considera que los concursos de méritos tendrían consecuencias muy negativas: la carga económica para una universidad será mayor si en lugar de promocionar a sus titulares los mantiene como tales e incorpora a catedráticos de otras universidades;. la formación de equipos cohesionados se verá dificultada, y, en consecuencia, las universidades de provincias se convertirán en simple lugar de paso para los profesores.

Comisiones también critica la llamada cláusula de trashumancia, que obliga a acreditar un contrato de un año en otra universidad para optar a cualquier plaza de titular. Según Ferrer, las grandes universidades eludirán este requisito mediante intercambios pactados de profesores.

El anteproyecto del Gobierno deberá ser enviado al Congreso, encargado de aprobar cualquier modificación de la LRU.