El PSOE pide un cambio en la ley para castigar con más dureza el fraude en las gasolineras

Los socialistas de la Asamblea de Madrid presentarán hoy una iniciativa parlamentaria en la que solicitan que se endurezcan las sanciones para las empresas implicadas en el fraude de la gasolina, recientemente denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y adelantado por EL PAÍS hace una semana. El presidente de la Federación Valenciana de Estaciones de Servicio, Manuel Gil comparte la propuesta socialista para limpiar el buen nombre de los demás, mientras que los empresarios de Madrid amenazaron ayer con una querella contra la OCU.

El portavoz del grupo y secretario general de los socialistas madrileños, Jaime Lissavetzky dijo ayer en un acto de su partido: "No es lógico que empresas que han podido realizar un fraude continuado calculado en más de 80 millones de pesetas anuales, hayan satisfecho este posible delito con una simple multa de dos o tres millones de pesetas". El estudio de la OCU demuestra que algunas gasolineras expenden hasta un 7% menos de la cantidad de gasolina que marcan los contadores de los surtidores y el pasado viernes la juez Ana Revuelta ordenó cerrar tres estaciones de servicio madrileñas, al descubrir la policía judicial que en ellas existían mecanismos ocultos para manipular los contadores.El líder del PSOE madrileño añadió que "la alarma social que ha generado este problema requiere medidas que vayan más allá del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, ya que es un problema que puede afectar a todo el territorio español", y afirmó que el hecho de que la Asamblea de Madrid "no funcione durante el mes de enero, hace que la labor parlamentaria sea compleja", por lo que el debate sobre las medidas solicitadas por los socialistas -que incluyen la petición de una comparecencia en el pleno del consejero de economía de la Comunidad, Luis Blázquez, y la propuesta de modificación del reglamento sancionador pueden demorarse unos días.

El endurecimiento de las sanciones es una forma de castigar la actitud de unos pocos que, sin embargo, "deterioran la imagen de las 7.000 estaciones de servicio españolas", según el presidente de la patronal valenciana Manuel Gil. Gil pidió la expulsión de la Confederación de Estaciones de Servicio de los propietarios de las gasolineras fraudulentas "porque no son dignos de estar entre nosotros cuando han robado miles de millones de pesetas a los consumidores".

Los empresarios madrileños de gasolineras amenazaron ayer, por contra, a la OCU con una querella por citar en su estudio también a gasolineras en las que no se ha verificado oficialmente el supuesto fraude.

Asesoramiento alemán

Hoy llega, además, a Madrid un técnico de la empresa alemana que ha fabricado los ordenadores aplicados a los 11 surtidores en los que inspectores de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid descubrieron el pasado viernes que los precintos habían sido levantados. Asimismo, a partir de hoy serán inspeccionadas todas las estaciones de servicio de la región madrileña, con el fin de comprobar si los precintos interiores de los surtidores de combustible se encuentran en regla.Ni los inspectores de la Comunidad de Madrid ni la policía judicial pudieron encontrar el dispositivo concreto que truca los contadores para que éstos reflejen en el contador más cantidad de la suministrada. La tardanza de cuatro días en realizar las inspecciones una vez hecha pública la denuncia permitió hacerlos desaparecer (Véase EL PAÍS de ayer).

Los inspectores sí encontraron pistas del fraude, como el cableado que va desde los postes hasta una discreta habitación de la gasolinera donde un interruptor activaba ese dispositivo de fraude.

La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid anunció ayer que llevará a los tribunales a la OCU por el daño que ha causado a las estaciones que aparecían en su estudio y que pasaron la prueba que se les realizó sin que se detectara la comisión de ningún fraude.

La OCU realizó su investigación en 21 gasolineras de la región. Todas las que cometen presunto fraude pertenecen al Grupo Villanueva, que posee 50 gasolineras en toda España.