El Gobierno de Menem deniega el traslado de dos presos españoles

El Gobierno argentino desoye una petición humanitaria del Ejecutivo español y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El pasado 22 de diciembre, el organismo interamericano emitió un informe por el que solicita a Buenos Aires que los españoles Sebastián Joaquín Ramos Mora y Luis Darío Ramos Silvetti-Lelguza, condenados por los tribunales argentinos, sean trasladados a nuestro país para cumplir su condena.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA se hace eco de un acuerdo del Consejo de Ministros español, del 19 de noviembre de 1993, por el que el Ejecutivo reclamaba al Gobierno argentino el cumplimiento del convenio firmado por ambos países en junio de 1992. Dicho convenio permite a los presos oriundos de un país, y condenados en el otro, cumplir la pena en su país de origen.

Este es el caso de Sebastián Joaquín Ramos y Luis Darío Ramos, nacidos en España y con sus padres residentes en nuestro país. Ambos españoles fueron condenados por los tribunales argentinos en julio de 1989 por su participación en el asalto al cuartel de Tablada el 23 de enero del mismo año. Sebastián Joaquín Ramos tenía entonces 19 años.

Militantes de una organización de extrema izquierda asaltaron el cuartel con la intención de frenar un intento de golpe de Estado de los carapintadas, según alegaron las defensas en el juicio. En el enfrentamiento murieron 11 militares y policías y 28 civiles, entre estos últimos, Pablo, el hermano mayor de Sebastián Joaquín, que fue asesinado una vez que se había entregado al Ejército.

Sebastián Joaquín fue herido con cuatro balas y torturado. Salvó la vida por la sorpresiva aparición en el cuartel asaltado del entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. Actualmente cumple condena de cadena perpetua en un penal de Caseros, cerca de Buenos Aires. "En nueve años no ha visto la naturaleza. Sólo ha pisado cemento. Ha estado muchos años aislado, aunque ahora lo han mezclado con los presos comunes. Está enfermo", dice su madre, Marta Mora, española.

La diputada socialista Teresa Fernández de la Vega y el senador también socialista Ignacio Díez han planteado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, sendas preguntas en las que le solicitan medidas especiales para remover los obstáculos que impiden el traslado de ambos jóvenes a España para cumplir su condena. Coinciden estas preguntas con la visita hoy a Madrid del ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, que se entrevistará con su homóloga española.

La decisión del Gobierno del presidente Carlos Menem de cumplir el convenio se ha visto interrumpida por varios recursos interpuestos por los tribunales argentinos. Detrás de todos ellos está el fiscal Raúl Plee, uno de los jueces de los asaltantes del cuartel de Tablada.

Fernández de la Vega señala que no es razonable esta tardanza en cumplir un compromiso entre Gobiernos. Si la explicación que ofrece Buenos Aires es que está el asunto en los tribunales, decimos que no es razonable que siga ahí. No sabemos qué está haciendo el fiscal y queremos saberlo". La ex secretaria de Estado de Justicia añade: "Cuando me fui del Gobierno me decían en los ámbitos diplomáticos y políticos argentinos que el asunto se resolvería de un momento a otro. Han pasado dos años más y todo sigue igual. ¿Qué pasa? ¿Qué presiones hay?".

Finalmente, Marta Mora, madre de Sebastián Joaquín, recuerda que la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA pide una reparación para quienes han sido víctimas de las violaciones de la convención americana. "La reparación en el caso de mí hijo debe ser la libertad".