El retraso en la inspección permitió retirar los dispositivos fraudulentos de los surtidores

Madrid El retraso en la inspección de las gasolineras denunciadas por la OCU ha permitido que los responsables del fraude retirasen los dispositivos empleados para manipular electrónicamente los surtidores. La policía, a las órdenes de la Fiscalía de Madrid, descubrió el jueves el cableado que sirve fiara manejar dicho dispositivo a distancia en tres estaciones del Grupo Villanueva que han sido clausuradas. La Comunidad de Madrid desmontó el viernes 11 postes con los precintos internos rotos en tres estaciones de servicio del mismo grupo. En ningún caso se ha incautado el dispositivo electrónico, conocido como bicho.

La Fiscalía de Madrid abrió una investigación el lunes, tras recibir el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y el jueves por la noche, comprobada la solidez de la denuncia, inspeccionó seis gasolineras del Grupo Villanueva, descubriendo un cableado fraudulento en tres.El viernes presentó una denuncia contra sus propietarios (Francisco Javier Villanueva Aranguren, José Rebuelta Moreno, Manuel Mateo Cardo, Manuel Mateo Cerrada, Antonio Mateo Cerrada, Baldomero Javega Plaza, Arturo Sanz Millán, Carlos Sanz Calvo, Virgilio Martínez Huete y Lázaro García París) por un presunto delito contra los consumidores, castigado con seis meses a un año de cárcel. La juez Ana Revuelta ordenó la inmediata clausura de las tres gasolineras.

La Fiscalía no pudo impedir, sin embargo, la retirada del dispositivo electrónico que actuaba sobre el contador del surtidor al final del cable descubierto. La policía, que vigilaba discretamente las gasolineras, detectó el jueves cómo un empleado retiraba una pieza de un surtidor; posiblemente dicho dispositivo. La importancia de incautar el bicho radica en que permitiría llegar hasta su fabricante e investigar qué otras gasolineras pueden tenerlo instalado.

Menos resultados tuvo la Administración de Madrid que, tras realizar una inspección inoperante el miércoles y jueves, no revisó los surtidores hasta el viernes, sin encontrar rastro alguno del mecanismo fraudulento, salvo la rotura de los precintos internos.

La OCU criticó ayer al Gobierno regional, que, en vez de comprobar su denuncia, le negó fiabilidad durante varios días. También reclamó medidas urgentes ante la constatación de que los métodos de inspección oficiales son incapaces de detectar un sistema de manipulación como el descubierto en Madrid.

"Todas las gasolineras de España están bajo sospecha y no porque creamos que el fraude es generalizado, sino porque se ha demostrado que puede estar sucediendo en muchos más sitios sin que los inspectores lo detecten" afirmó el director de la OCU, Juan del Real, quien cifró entre 80 y 100 millones el beneficio anual por gasolinera con este fraude.

"La indefensión es absoluta", agregó. "La Administración debe tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los consumidores, que no puede depender en exclusiva de la honestidad de los dueños de las gasolineras".

El ministro de Industria, Josep Piqué, recordó que la responsabilidad de las inspecciones es de las comunidades autónomas y mostró su confianza en que el fraude "no sea generalizado". Luis Villa nueva, ex concejal de IU en Majadahonda y único miembro de la familia que habló ayer, atribuyó la denuncia "a la lucha de. las grandes compañías de petróleo".