Atemperar el declive

LA HUELGA intermitente de la minería asturiana del carbón de titularidad estatal (Hunosa y Minas de Figaredo) no constituye, como otras veces, un ejercicio de resistencia numantina frente a la más elemental lógica económica. Hace ya tiempo que los poderosos sindica tos mineros asturianos han abandonado las posiciones maximalistas y han aceptado la evidente necesidad de aplicar una reducción progresiva de empleo y producción en unas empresas que no sólo acumulan ingentes pérdidas económicas (Hunosa prevé para este año un déficit de explotación de 61.000 millones de pesetas: 6,1 millones por trabajador), sino que carecen de cualquier viabilidad futura.En los últimos 15 años, los sindicatos mayoritarios pactaron con los Gobiernos del PSOE cuantiosos recortes de empleos y de producción. Como consecuencia de ello, esas dos empresas públicas, que en 1983 daban empleo a 22.578 mineros, cuentan en la actualidad con algo menos de 10.000. El compromiso alcanzado en julio por los sindicatos con el Gobierno del PP supone una reducción neta de otros 2.400 empleos entre 1998 y el 2001, y una disminución de la producción de los 2,5 millones de toneladas actuales a 2,1 millones. La Unión Europea considera insuficiente ese ajuste y plantea una reducción adicional de otras 600.000 toneladas y que no se contrate a nuevos trabajadores, lo que dejaría a ambas empresas con menos de 6.000 puestos de trabajo. Los sindicatos exigen al Gobierno el cumplimiento estricto del acuerdo alcanzado con Industria y amenazan con una escalada de conflictividad si ese compromiso no se ratifica hoy en la comisión de seguimiento.

Lo que se pretende no es eludir un proceso inevitable, sino modularlo y atemperarlo para ganar tiempo, acompasando el desmantelamiento de las estructuras caducas y los sectores periclitados de la vieja industrialización al surgimiento de nuevas alternativas económicas. La UE no puede ignorar la especificidad de una situación caracterizada por la crisis simultánea de los principales sectores productivos (carbón, siderurgia, construcción naval, armamento ... ) de la región. Según un estudio de la Fundación BBV, Asturias fue la comunidad española con menor crecimiento económico entre 1960 y 1996, y en 1997 sólo Castilla y León tuvo un crecimiento menor. Entre 1991 y 1997 se eliminaron en Asturias 50.000 de los 361.000 empleos existentes.

La situación asturiana precisa, por todo ello, colaboración y solidaridad, y si esa contribución no puede ni debo, pasar ya por la inyección de crecientes recursos económicos públicos para el sostenimiento artificial de sectores sin futuro, sería bueno que el Gobierno hiciera ver a Bruselas que la paz social es un bien económico en sí mismo, especialmente allí donde es más perentorio alentar la confianza de los inversores locales o foráneos para el surgimiento de nuevas actividades económicas. Esta misma reflexión debe pesar en el ánimo de los sindicatos. Una escalada de la tensión como la que vivió la minería asturiana a fines de 1991 y primeros meses de 1992 sería desastrosa.

Por lo demás, el PP tiene otros motivos para hacer fuerza ante Bruselas en la demanda, no tanto de permisividad para las pérdidas crónicas de Hunosa como de flexibilidad en el ritmo de su progresiva eliminación. El PP, antes y después de asumir el Gobierno del país y el del Principado de Asturias, acusó al PSOE de no haber aportado a Asturias más que destrucción de empleo y cierre de minas. Aznar proclamó en Oviedo que en Asturias no sobraba ningún minero, y el actual presidente asturiano, Sergio Marqués, aseguró que sería capaz de comprometer a empresarios privados para que reabrieran los pozos cerrados por los socialistas.. Es hora de cumplir esas promesas. Si no en las minas, en otros sectores productivos.