El ex dictador deberá declarar ante el Parlamento

La acusación constitucional contra el general Augusto Pinochet supondrá para al jefe del Ejército una amarga partida de la institución que comanda desde 1973. Todo indica que la presentación contará con el apoyo de los parlamentarios de izquierda de la coalición gobernante, los que estudiaban a su vez otras acusaciones, al igual que los familiares de los detenidos desaparecidos.De ser así, la Cámara deberá formar una comisión para estudiar la acusación, que deberá recomendarla o no al plenario de este órgano legislativo. La comisión citará a los testigos que respaldan la acusación y oirá los fundamentos de ésta y tambiénlos descargos y testimonios que presente el acusado. El propio Pinochet debería acudir a prestar declaraciones en el Parlamento, aunque puede hacerlo por oficio.

De acuerdo con la Constitución, la Cámara de Diputados goza de la facultad de acusar a las autoridades militares que "han comprometido gravemente el honor de la nación". Según explicaron los diputados democristianos, éste es "el único resquicio que tiene el pueblo para evitar que Pinochet llegue al Senado".

Si la Cámara Baja, en la que existe una amplia mayoría de los partidos oficialistas, vota aprobando la acusación, como cabe esperar, el Senado actuarácomo una segunda instancia que debe resolver en definitiva la validez o no de ésta. En la actual Cámara alta, los partidos de Gobierno se encuentran en minoría ante la derecha por la presencia de ocho senadores designados en las postrimerías del régimen militar, por lo que es presumible que la acusación sea rechazada.

Los parlamentarios democristianos admitieron ayer la improbabilidad de que la acusación prospere. Aun así, el diputado Tomás Jocelyn-Holt afirmó que para el país será beneficioso este debate.

Sin embargo, según interpretan círculos de la coalición gobernante, mientras la acusación se encuentre en su trámite, lo que tarda cerca de un mes y medio, Pinochet quedaría en una situación de interdicción que le impediría entretanto asumir como senador vitalicio.

El año pasado, el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, fue acusado constitucionalmente en la Cámara, pero ésta rechazó por amplia mayoría los cargos. Otros jueces del Tribunal Superior, entre ellos los que cerraron el proceso por el asesinato del ciudadano español y funcionario de la ONU Carmelo Soria, cometido en 1976 por agentes de la dictadura, aplicando la ley de amnistía, han sido también acusados en la Cámara, pero sólo en un caso el Senado aprobó finalmente la destitución.