El PSOE denuncia que el contrato de 15 millones al abogado Trevijano para resoIver el litigio fue inútil

El consejero de Educación, Gustavo Villapalos, contrató hace un año al abogado Antonio García Trevijano para que investigase la situación registral de la finca de Nuevo Baztán que Banesto se negaba a escriturar a nombre de la Comunidad.El contrato se hizo "sin cumplir ningún requisito legal, según denuncia el diputado socialista Juan Antonio Castillo, "y no ha servido de nada".

La intervención delegada de la Comunidad de Madrid emitió un dictamen el 11 de abril de 1997 en el que informaba "desfavorablemente" el pago de 15 millones al abogado, porque se había "omitido el trámite de fiscalización previa".

La intervención descubrió que no había existido concurrencia de ofertas para adjudicar el trabajo de consultoría jurídica y faltaban en el expediente los documentos que acreditaran que el abogado García Trevijano estaba al corriente de pago en sus obligaciones tributarías. Alberto Ruiz-Gallardón y Gustavo Villapalos firmaron el 30 de abril de 1997 el acuerdo de convalidación que autorizaba el pago de los 15 millones a García Trevijano.

El abogado empezó a trabajar en el asunto en julio de 1996. En su primer informe, de ese mismo mes, explicaba que había conversado con Mario Conde sobre la venta de bienes en Nuevo Baztán. A su vez, Conde preguntó a Arturo Romaní por la venta de fincas durante su etapa al frente del banco y éste le contestó con un enigma. Los Cuatro Infantes (una empresa que compró al banco una finca de 200 hectáreas) no tenía relación con Banesto, por lo que esa venta, según Romaní, podría ser "una operación de encubrimiento para seguir con el dominio registral de Nuevo Baztán". "Ni encubrimiento ni nada", replicaron los dueños de Los Cuatro Infantes cuando EL PAÍS les localizó. "Nosotros compramos la finca de 200 hectáreas, que está fuera del recinto del conjunto histórico, para explotar unos olivos".

Tras hablar con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, García Trevijano aconsejó al gobierno municipal que entregase las llaves del palacio a la Comunidad de Madrid en un acto solemne. Dicho acto, que se celebró en enero de este año, permitiría a la Comunidad escriturar la propiedad a su nombre, según Trevijano. El registrador de la propiedad de Alcalá no entiende la utilidad de este trámite. "Me sorprende que alguien que no posee un inmueble pueda entregar sus llaves", señaló. Paloma Moya Avilés, del despacho de abogados de García Trevijano, rechaza este criterio y asegura que aún siguen gestionando la solución del conflicto.

El socialista Ruiz-Castillo ha sacado una conclusión: El Gobierno del PP ha despilfarrado 15 millones para beneficiar a un abogado privado, cuyo trabajo ha resultado inútil".