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El PSOE recurre al Constitucional el decreto que modificó la 'ley digital'

Pérez Rubalcaba califica la norma de "chapuza inaplicabIe"

El secretario de relaciones con los medios de la ejecutiva del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ex ministro socialista de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo presentaron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de modificación de la ley digital aprobado por el Gobierno el pasado 12 de septiembre. Pérez Rubalcaba calificó dicho decreto de "chapuza inaplicable" y justificó la presentación del recurso porque atenta "contra la libertad de expresión". 'El Gobierno legisla contra las empresas que le son críticas en favor de aquellas que lo único que hacen es adularle" añadió.

Pérez Rubalcaba afirmó que "el Gobierno, in extremis, no tuvo más remedio que rectificar la Ley de Televisión Digital porque así se lo exigió la Comisión Europea, ya que la alternativa era pasar por el Tribunal de Luxemburgo y, con toda seguridad, una condena al Reino de España por haber infringido las normas comunitarias". El PSOE ya recurrió el pasado 7 de julio ante el Constitucional la ley digital.Pero el decreto, añadió el diputado socialista, es también "inconstitucional porque no soluciona el problema de fondo, que no es otro que el Gobierno legisla contra unas empresas en favor de otras, contra las que le molestan o le critican y a favor de otras que lo único que hacen es adularle".

Pérez Rubalcaba insistió en que el decreto "es una chapuza inaplicable". "Se ha aprobado hace cuatro meses y no se ha aplicado aún a ninguna de las dos plataformas digitales que operan actualmente en España. Su único objetivo es perseguir a los medios no complacientes con el Gobierno", dijo. Rubalcaba agregó que "el decreto es rigurosamente incompatible con la Constitución, ya que se está legislando contra la libertad de expresión".

Libertad de empresa

Tomás de la Quadra-Salcedo, autor del recurso, afirmó que el decreto viola el artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a la información, y también atenta contra la libertad de empresa.El ex ministro socialista explicó que "la Comisión Europea dijo que no se establecieran diferencias entre los descodificadores. Con el decreto, el Gobierno suprimió parte de éstas de la legislación anterior pero no todas.En lugar de decir que todo descodificador que sea abierto y compatible es libremente comercializable, hace una distinción y mantiene que para utilizar un descodificador, el simulcrypt [el que emplea Canal Satélite Digital], se necesitan acuerdos entre los operadores para que se pueda comercializar. Esto supone una traba, una interferencia a la libertad de mercado, que no se ajusta a derecho".

En el recurso, el PSOE sostiene que el decreto infringe el artículo 38 de la Constitución, sobre la libertad de empresa, "en cuanto injustificada e inmotivadamente se establecen exigencias que desbordan y violan normas aromonizadoras comunitarias y buscan favorecer a la plataforma [Vía Digital] en la que tiene intereses el Gobierno por la presencia en la misma del Ente Público de RTVE y a los medios y empresas cercanos al PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de diciembre de 1997