El PP espera lograr 50.000 millones de las autonomías con un IVA a las ayudas públicas

El PP ha presentado en el Senado varias enmiendas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos que en la práctica implicarían que casi todas las subvenciones publicas estarían gravadas con el 16% de IVA. La medida ha pillado por sorpresa a CiU, que ya no enmendó una primera propuesta en esta línea, más suave, en el proyecto inicial presentado por los populares en el Congreso. Durante este fin de semana, los dirigentes económicos del gobierno nacionalista catalán han evaluado el coste de esta medida en 15.000 millones de pesetas. El gobierno central espera que este retomo de dinero por la puerta de atrás -el Estado recibe al final todo el IVA pagado-, implique 50.000 millones anuales.

El viernes por la noche los ordenadores del Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña echaban humo. Tras varios meses de inactividad, los representantes de Convergència en Madrid descubrieron que una farragosa y compleja cláusula incluida en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998, presentada por el Gobierno a finales de septiembre, implicaría un serio coste adicional para la Corporación Catalana de Radio y Televisión, una de las principales receptoras de subvenciones de la Generalitat.A pesar de ello, CiU no presentó en el Congreso enmienda alguna sobre ese tema, lo que ha generado cierta sorpresa en algunos sectores de este partido, habida cuenta de que esta medida puede suponer la pérdida de casi una tercera parte del incremento conseguido, por ejemplo, en la financiación de la Sanidad, unos 50.000 millones de pesetas. Además, según fuentes de ese grupo, las enmiendas estaban ya redactadas, pero el responsable de presentarlas, el diputado de CiU Francesc Homs, no lo hizo.

Encarecimiento efectivo

Tal vez envalentonados por esa inacción, los populares decidieron enmendarse a sí mismos en el Senado, donde el pasado 1 de diciembre presentaron una propuesta que generalizaba el pago, de ese impuesto del IVA "a las transferencias de recursos no reintegrables efectuadas entre entes públicos".Hasta las modificaciones ahora en marcha, las subvenciones públicas no relacionadas con el precio de los productos eran neutrales en términos de IVA, con lo que España utilizaba así el margen concedido en este punto por la directiva comunitaria sobre el tema, que dejaba su definición en manos de los diferentes países.

La medida, según las fuentes consultadas, no sólo afecta a las televisiones autonómicas, en el caso de TV3 podría alcanzar los 2.000 millones anuales, también es de aplicación a las subvenciones a universidades, investigación y desarrollo, empresas públicas, como las catalana GISA e Incasol, dedicadas a la contratación de obras públicas, compra de terreno industrial y construcción de viviendas.

El Estado no queda afectado por este cambio, en la medida en que el IVA que se incluiría en las subvenciones iría a pagar siempre a sus propias arcas. Pero para las autonomías supone un encarecimiento efectivo, en favor del Estado, de sus subvenciones y de la mayoría de las operaciones con sus propios organismos. La única autonomía no afectada sería el País Vasco, que tiene cedida la mayor parte de la gestión de este impuesto.

Finalmente, el 1 de diciembre CiU presentó en el Senado las enmiendas que no entregó en su día en el Congreso, pero ahora el escenario político ha cambiado y el problema se ha agravado sencillamente por una cuestión de aritmética parlamentaria. Contrariamente a los que sucede en el Congreso, el PP dispone en la Cámara alta por sí mismo de mayoría absoluta, por lo que no está obligado a consensuar esas propuestas.

En sus enmiendas, CiU justifica la oposición a la medida señalando que "la aplicación de estos nuevos criterios supondría, para la actividad inmobiliaria de carácter público, o para los centros de Innovación y Tecnología una importante variación en la estructura de costes actualmente vigente, encareciendo notablemente los costes de producción".