Inflación y reformas

LA INFLACIÓN está completando en 1997 un ejercicio excelente. Debido al descenso continuado de los precios, los tipos de interés han podido bajar con cierta holgura -también, para cumplir con el requisito de Maastricht- y otros costes resultan bloqueados o reducidos, como, por ejemplo, las pensiones. En el cuadro general de esta evolución favorable, el IPC de noviembre ha mostrado un ligero empeoramiento. El aumento del 0,2% el mes pasado deja la tasa de inflación anual en el 2%, de forma que el cumplimiento del objetivo previsto para el conjunto del año (2,2%) es relativamente fácil. La inflación subyacente -que descuenta los precios de los alimentos y la energía- subió una décima y se situó en el 2,1% anual. La inflación subyacente marca la tendencia de fondo de los precios y, por tanto, ofrece motivos para una moderada inquietud, como corresponde a un IPC de transición.No están en peligro ni el objetivo de Maastricht ni el del Gobierno. Cuando se complete el año con el IPC de diciembre, probablemente la inflación anual esté por debajo del 2,2%. La economía española puede áspirar además a mantener la inflación por debajo del 2,5% en 1998. Sin embargo, yerran quienes piensan que los precios están definitivamente controlados y que a medio plazo quedan descartadas amenazas inflacionistas de cierta importancia. España se ha beneficiado de una etapa deflacionista en toda Europa y de una moderación salarial efectiva durante los últimos dos años que, junto con las buenas cosechas y el lógico descenso de los precios agrícolas, explica el descenso en picado del IPC. Pero los precios españoles dependen demasiado de circunstancias poco controlables, como los alimentos y la energía. Mientras, los precios de los servicios permanecen irreductibles en tasas anuales del 3%. Su resistencia constituye una muestra implacable del fracaso de las políticas de liberalización del Gobierno -por otra parte, las únicas que ha intentado en el área económica-, y traslada inmediatamente el problema a las reformas estructurales que ha vuelto a sugerir el FMI.

Estas reformas, entre las que, además de la laboral, pueden citarse la sanitaria o la liberalización de los mercados sujetos todavía a restricciones de funcionamiento -caso de la electricidad, el petróleo o las, telecomunicaciones-, son la única vía de salida que tiene este Gobierno para procurar posiciones cómodas a la economía española para cuando esté integrada en la Unión Monetaria. A partir de 1998, con la política monetaria en trámite de desaparición, todas las estrategias económicas se sintetizan en reducir los costes y recortar de forma estable los gastos públicos.

En cualquiera de los casos, es condición inexcusable la liberalización de los mercados, cuyo primer y más deseable efecto debe ser el abaratamiento de los servicios. José María Aznar y Rodrigo Rato han anunciado la presentación próxima de un plan de medidas liberalizadoras. Pero los antecedentes conocidos de este Gobierno en el ámbito de la liberalización son descorazonadores; hay que esperar que hayan aprendido de ellos y ofrezcan soluciones más efectivas.