Cuba quita autoridad a EE UU para juzgar el derribo de dos avionetas

El enconado enfrentamiento entre Cuba y EE UU y el folclore anticastrista que lo rodea desde hace 38 años han provocado un nuevo show judicial arrabalero, con denuncias y acusaciones políticas lanzadas desde ambos lados de los estrechos de Florida. En esta ocasión, el detonante ha sido el juicio que comenzó ayer en un tribunal de Míami contra "el Gobierno de Fidel Castro y las Fuerzas Armadas de Cuba" por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La Habana alega que ningún "tribunal de EE UU tiene autoridad para juzgar a Cuba o a sus instituciones".

"Los tribunales de la Florida tienen una larga hoja de servicios anticubanos", dijo ayer en La Habana el portavoz del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Miguel Alfonso. Éste indicó que el pleito, que ha sido interpuesto por los familiares de los tripulantes de origen cubano fallecidos en las avionetas de Hermanos al Rescate -un grupo del exilio cubano que se dedica a recoger a balseros que intentan huir de la isla- "está fundado en una legislación extraterritorial de las tantas que tienen los Estados Unidos como moda proclamar".En el juicio, los familiares de Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa y Mario Peña, tres de los cuatro pilotos muertos en el incidente, acusan al Gobierno de Cuba y a las Fuerzas Aéreas de la isla de haber actuado con premeditación, cometiendo un delito de "homicidio extrajudicial", al derribar el 24 de febrero de 1996 dos avionetas de Hermanos al Rescate. Según la acusación, que exige una indemnización para los familiares de las víctimas, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate se produjo "en aguas internacionales". La Habana siempre ha afirmado que los cazas cubanos abatieron las aeronaves dentro de sus aguas jurisdiccionales y sin previo aviso.

Se trata del primer pleito que se celebra en EE UU acogiéndose a la "ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva", un a nueva legislación aprobada por el Congreso norteamericano que permite que se demande a un Estado extranjero por "da¡íos y perjuicios" en caso de que éste sea responsable de lesiones personales o muerte que fueren causadas por un acto de tortura u homicidio extrajudicial". La ley protege sólo a los ciudadanos norteamericanos, y éste es el motivo por el que la familia de uno de los exiliados muertos, que aún no tenía la ciudadanía de EE UU, no ha nodido reclamar

Falta de jurisdicción

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba decidió no asistir al juicio, e hizo saber, a través de una notificación escrita, que las autoridades cubanas no reconocen la legitimidad de los tribunales norteamericanos para juzgar a Cuba. Uno de los abogados del caso, Víctor Díaz, dijo que si el tribunal falla a favor de las familias de los exiliados muertos las compensaciones para sus clientes podrían tomarse de los fondos del Gobierno cubano que están congelados en Estados Unidos desde hace más de 30 años en virtud a la ley del embargo.El portavoz de la Cancillería cubana, Miguel Alfonso, hizo notar que "era muy curioso" que los familiares de los que tripulaban estas avionetas ya hubiesen recibido antes de este juicio "compensaciones del Gobierno de Estados Unidos por la pérdida sufrida de la vida de sus familiares", que ascienden a 300.000 dolares (alrededor de 42 millones de pesetas) por cada familia.

Alfonso también denunció que los tribunales de EE UU, y más los de Florida, son parciales cuando se juzgan casos cubanos, y puso como ejemplo cómo recientemente varios secuestradores de aviones que han confesado su delito han sido absueltos.