Salto en el vacío

DE LA comparecencia en el Congreso de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo, se desprenden dos conclusiones básicas: que las cuentas de la Expo 92 arrojan unas pérdidas acumuladas de 35.258 millones de pesetas, y que el abismo existente entre esta cifra y la presentada en su día por los gestores se debe a discrepancias sobre los criterios contables aplicados por unos y otros. A mayor abundamiento, la presidenta del tribunal declaró el pasado 1 de noviembre que ni el tribunal, ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado habían encontrado ilegalidades en la sociedad.Así pues, el informe define básicamente una situación de desbarajuste contable que, por otra parte, lleva a cualquier observador imparcial a preguntarse si no hubo despilfarro en la Expo. Ahora bien, de las dudas razonables sobre la gestión de una sociedad a la acusación de fraude o delito hay un largo trecho que no es posible vadear de manera automática sin recurrir a la mala fe o a la demagogia. Pero el Gobierno y el PP parecen haberse especializado en este tipo de saltos en el vacío, como demostraron en el caso de la presunta amnistía fiscal de los 200.000 millones, incluso a costa de quedar en ridículo. No sorprende, pues, que algunos diputados del PP se hayan apuntado desde el primer momento a lanzar acusaciones de latrocinio -"¡Que devuelvan lo que se han llevado!", clamaba Ramón Aguirre- sin que por ahora hayan exhibido prueba alguna. Otro portavoz popular, esta vez con tono manifiestamente oficial, anunciaba ayer que las cuentas se remitirán a la fiscalía para que "los tribunales decidan".

La velocidad con la que el PP convierte cualquier acto de la Administración socialista en sospechoso de delito mayor es en el fondo la mejor manera de evitar un debate serio sobre el desorden en la gestión socialista de empresas como la Expo. Cuando parecía lógico que el informe del Tribunal de Cuentas diera pie a un análisis crítico sobre un acontecimiento que canalizó una ingente inversión pública, la agresividad del PP ha situado directamente la discusión en el terreno del Código Penal, esto es, en los tribunales, sin otro argumento conocido que una discrepancia -grave- en materia de contabilidad.

Han pasado cinco años desde que la Expo cerró sus puertas. De haber encontrado indicios delictivos, ¿qué hizo el fiscal del Tribunal de Cuentas que no remitió el asunto a la justicia ordinaria, cumpliendo una obligación que alcanza a cualquier ciudadano? Sembrar la sospecha del delito sobre cualquier ineficacia o cualquier derroche, o incluso cualquier irregularidad de la Administración, es el método más seguro para que todas las cuentas públicas, del anterior Gobierno, pero también del actual, terminen en los despachos de los jueces. De ahí a la parálisis del Estado no hay ni medio paso. Y esto nada tiene que ver con la impunidad.