El Gobierno plantea financiar parte de la sanidad con el 'medicamentazo' y los impuestos especiales

El Gobierno basará una parte de la financiación sanitaria adicional, prevista en 165.000 millones, en un nuevo aumento de los impuestos especiales (tabaco y alcohol) -y un ahorro en medicamentos por la vía de reducir la lista de fármacos gratuitos -el llamado medicamentazo-, según manifestaron ayer fuentes de CiU. Asimismo, tras las presiones de sus socios nacionalistas catalanes y la oposición socialista, se ha descartado definitivamente que los pensionistas paguen una parte de los fármacos, posibilidad sobre la que había sondeado a las comunidades. Un portavoz del Gobierno dijo ayer que no habrá un pronunciamiento del Ejecutivo hasta que se cierre la negociación con todas las autonomías.

Se alarga la negociación sobre la fórmula para tapar el agujero de la sanidad, allegar fondos para su financiación y el reparto de éstos entre las comunidades autónomas. El pasado 15 de septiembre, el Gobierno se comprometió a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el plazo de mes y medio, pero ha optado por retrasar la cita hasta conseguir un amplio acuerdo con las comunidades autónomas y no dar un paso en falso que abra un flanco a la oposición socialista.La convocatoria del CPFF tendrá lugar cuando el Gobierno cuente con el consenso no sólo de las comunidades gobernadas por sus socios nacionalistas catalanes y canarios, afectadas decisivamente por este tema, sino también el de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y que cuenta con uno de los agujeros financieros más importantes en sanidad.

La financiación adicional de la sanidad debe tener al propio sistema sanitario como fuente, en opinión del Ejecutivo y de sus socios nacionalistas catalanes. El Gobierno sondeó a las comunidades autónomas sobre la posibilidad de que los pensionistas financiaran parte del consumo en fármacos, pero la impopularidad de la medida contó con el rechazo de las comunidades catalana, canaria y andaluza, puntas de lanza -por su importancia política- en esta negociación.

Posibilidad arrinconada

El Ejecutivo ha decidido arrinconar definitivamente esta posibilidad y a, lo largo de estos días fuentes oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda lo han confirmado. "No habrá pago de los pensionistas para financiar los fármacos", repetía ayer un portavoz del ministerio que encabeza Rodrigo Rato.No sucede lo mismo con el llamado medicamentazo o reducción de la lista de los fármacos que hasta ahora eran gratuitos. Fuentes de CiU manifestaron ayer que se articulará una fórmula básica para alcanzar la cifra de 60.000 millones que el Gobierno pretende reunir por la vía del ahorro en fármacos, aunque matizaron que la negociación aún no está cerrada.

El Gobierno no quiso hacer ayer un pronunciamiento oficial sobre este asunto. Un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda afirmó que el Ejecutivo sólo se pronunciará cuando se cierre la negociación con las comunidades autónomas.

Esta fórmula, que cuenta con el visto bueno de sus socios nacionalistas, tampoco puede ser rechazada de plano por el PSOE, según admite su secretario de Política Autonómica, Ramón Jáuregui. En 1994, el Gobierno socialista aprobó el medicamentazo, abriendo la puerta a que una parte de los fármacos exentos se costeara por los usuarios. A los socialistas sólo les queda recordar al PP su actitud contraria a esta medida cuando el hoy partido del Gobierno estaba en la oposición, y controlar el alcance de la lista de fármacos que se pagarán.

También según fuentes de CiU, el fondo adicional de 55.000 millones, una segunda partida para la financiación adicional de la sanidad, saldrá de una subida de los impuestos especiales (alcohol y tabaco). El Gobierno, consultado ayer sobre este extremo, no lo desmintió. No obstante, las mismas fuentes nacionalistas admitieron que esta fórmula dispone de un estrecho margen de maniobra, ya que recientemente hubo otra subida de estos impuestos. Este fondo adicional contará previsiblemente con otras fuentes de financiación aún desconocidas.

Los restantes 50.000 millones de pesetas con los que el Gobierno completará la cifra prevista de 165.000 millones se conseguirán gracias a la lucha contra el fraude en las pensiones por incapacidad laboral transitoria. Este punto cuenta con un amplio acuerdo entre todas las comunidades autónomas.

La forma de reparto de la financiación adicional entre las comunidades se convierte en el punto principal de fricción. La primacía de la Generalitat en el fondo adicional de financiación, del que consigue la parte de león, centra ahora las críticas de la oposición socialista.