El Gobierno ofrece 165.000 millones para financiar la sanidad, pero no aclara su origen

El Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas 165.000 millones de pesetas para atender la financiación adicional de la sanidad, 15.000 millones más de lo previsto. La oferta, en la recta final de las negociaciones, safisface la demanda de las comunidades más afectadas, la catalana y la andaluza, pero el Gobierno no ha aclarado con precisión de dónde saldrá el dinero: 60.000 millones procederían de un "ahorro en fármacos" indeterminado y 55.000 de un fondo desconocido. La Junta andaluza teme que los pensionistas paguen una parte de los fármacos o que los ciudadanos acaben costeando medicamentos ahora gratuitos. Hacienda niega el primer extremo.El Gobierno ha entrado en la fase final de la negociación de la financiación sanitaria, la principal reclamación en este momento del principal socio del Ejecutivo, CiU. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ha mantenido varios contactos bilaterales con consejeros de las comunidades autonómas antes de proceder a convocar, previsiblemerite para la próxima semana, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que será quien decida los criterios definitivos, el reparto y las cantidades que corresponderán a cada comunidad.

La nueva oferta gubernamental es de 165.000 millones de pesetas, cuyas fuentes de financiación tienen orígenes diferentes: El primero de ellos, ya conocido, cercano a las 50.000 millones, procede de la lucha contra el fraude por la incapacidad laboral transitoria; un segundo origen, más indeterminado, es el de un "ahorro en fármacos", que el Gobierno estima en 60.000 millones de pesetas; y el tercero es un fondo adicional, de 55.000 millones, cuya procedencia no' ha explicado el Ejecutivo.

Los 60.000 millones obtenidos por ahorro en fármacos se repartirán en función de la población, estimada conforme al nuevo padrón de mayo de 1996, según la oferta gubernamental. No así los 50.000 millones de lucha contra el fraude en la incapacidad laboral, que dependerá de la eficacia administrativa de cada comunidad. En cuanto a los 55.000 millones del fondo adicional, el Gobierno también propone el uso de criterios diferentes al de población, como los centros de referencia y la población desplazada. De tal modo que Cataluña conseguiría 32.000 millones de ese fondo; Andalucía, 8.000, y las comunidades del territorio Insalud (las 10 que no tienen traspasada la competencia de sanidad), otros 6.000 millones

La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, se encuentra ante úna complicada decisión. Por un lado, el Gobierno satisface su demanda económica en la medida en que consigue 40.000 millones más para una comunidad que so-porta, junto con Cataluña y Canarias, el principal "agujero sanitario".

Pero, por otro lado, la indeterminación de una parte de las fuentes de financiación le crea un problema. Tanto desde la Junta como desde el PSOE se teme que la partida de ahorro en fármacos o el fondo adicional procedan de la implantación de fórmulas como el pago, a cargo de los pensionistas, de una parte de los fármacos, o por el medicamentazo -el pago de una parte de las medicinas que ahora cubre la Seguridad Social- Ayer, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, José Luis García Arboleya, manifestó a EL PAíS que el Gobierno regional no aceptaría el pago de los pensionistas de los medicamentos. "El modo de obtener los recursos financieros es competencia del Gobierno central", añadió García Arboleya.

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, aseguró a EL PAÍS que el Gobierno no contempla la fórmilla de que sean los pensionistas quienes paguen una parte de los fármacos, aunque nada dijo del medicamentazo.

La Generalitat no está poniendo trabas al origen de la financíación. La cifra que le ofrece el Gobierno se aproxima a su demanda de 51.000 millones de pesetas. De los 55.000 millones de fondo adicional, corresponden a la Generalitat catalana 32.000 millones por decisión del Gobierno. Cataluna consigue cerca de 10.000 millones más en concepto de "ahorro en fármacos", con la aplicación del criterio de población a la cifra global; y la cantidad restante, hasta los 51.000 millones, puede obtenerlos de la lucha contra el fraude por la incapacidad laboral.

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, criticó ayer la oferta del Gobierno por "chapucera" y por originar, dijo, una "distribución injusta". Además de denunciar la "opacidad de las fuentes de financiación" y de rechazar que los pensionistas paguen una parte de los medicamentos, criticó la escasez de recursos para las comunidades del territorio Insalud.