El Insalud pagó 90 millones por elaborar su plan de reforma
Tres empresas privadas hicieron el informe
El presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijoo, avanzó ayer en el Congreso de los Diputados las líneas generales de la reforma de esta institución, elaboradas a partir de los informes de tres consultoras privadas y que han costado 90 millones de pesetas. Feijoo, que no aclaró la forma de selección de estas empresas -Coopers and Leybrand, Arthur Andersen y Gavise-, aseguró que el gasto "ha sido fiscalizado por la Intervención General del Estado".
El presidente del Insalud justificó esta asesoría externa -cada empresa ha cobrado 30 millones de pesetas- en la necesidad de contar con expertos que hicieran un amplio estudio comparativo de los distintos sistemas sanitarios europeos. "Si esto lo hubiéramos hecho sólo nosotros nos habrían acusado de burócratas", afirmó. El resultado final, en cualquier caso, se ha elaborado en el seno del Insalud, a partir de las propuestas de las empresas, según dijo Núñez Feijoo.El Plan Estratégico del Insalud para los próximos cuatro años consta de más de un centenar de medidas, aunque su responsable apenas avanzó ayer sus líneas generales con el compromiso de concretarlo en diciembre.
La reforma pretende dar respuesta a "tres puntos débiles" señalados por los actuales gestores del Insalud, como son la "exigencia de los ciudadanos", la "desmotivación profesional" y la "estructura burocratizada". El mayor instrumento para ello será la ley aprobada este año sobre nuevas fórmulas de gestión. Las nuevas fórmulas jurídicas -fundaciones, empresas públicas o consorcios-, se intentarán aplicar en los hospitales en funcionamiento. Incluso los servicios dentro del mismo centro podrán tener autonomía de gestión.
Como consecuencia, también se propugna un cambio en el estatuto de los trabajadores, más vinculados a su centro que al sistema como ahora.
Las nuevas fórmulas jurídicas también podrán aplicarse a los centros de salud, mediante la posibilidad de convertirlos en cooperativas de médicos, como adelantó El PAÍS el pasado viernes. El PSOE anunció su firme oposición a este proyecto, que Núñez Feijoo planteó como algo "absolutamente voluntario" y aún sometido a discusión.
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