Luz de gas

La universidad es una institución plural que se rige internamente desde su fundación por el principio de la autoritas, que de modo bivalente significa autor y autoridad. El conocimiento y la jerarquía; la jerarquía y el conocimiento. La universidad moderna quiere dar prioridad a la primera de estas acepciones; y de algún modo se asume que la universidad es cada vez más un colectivo con responsabilidades sociales. Las manifestaciones de nuestras autoridades académicas se encaminan a abrir la universidad hacia el pulso que demanda la sociedad española: la investigación, la formación permanente, la interacción empresa-universidad, el reto de la formación para el empleo, etcétera. En esta universidad moderna hemos crecido el colectivo de los más de20.000 profesores contratados que los medios de comunicación y sindicatos, volviendo a las clasificaciones de los años setenta, han convenido en denominar "los nuevos PNN". Los profesores contratados hemos crecido y hemos creído en el reto de la universidad española. Los profesores contratados no somos, profesores- virtuales ni profesores en formación, ni anécdotas en las infraestructuras de las universidades; formamos entre el 30% - 50% de las plantillas de las universidades.El profesorado contratado constituye un colectivo de docentes y especialistas de gran nivel, dedicado a tiempo completo a sus tareas académicas: imparte materias en todos los niveles de las distintas licenciaturas, forma parte de proyectos científicos nacionales y protagoniza proyectos de investigación internacionales en sus áreas y, en algún caso, participa de los órganos de gobierno de la universidad.

Si la universidad española ha cambiado su proyección en los últimos diez años, ha sido en gran medida gracias a las inquietudes y al esfuerzo de estos profesores, que asumieron el reto de formarse en instituciones extranjeras y que han contribuido decisivamente a situar a la universidad española en una posición digna en el contexto internacional. Pero la falta de debate y de previsión institucional sobre la universidad y las restricciones presupuestarias han llevado al colectivo a un deterioro cada vez mayor de su dignificación laboral y profesional. La situación actual es insostenible.

Tras una media de 8 a 10 años de dedicación a la universidad, los profesores contratados no tienen estabilidad laboral alguna porque sus contratos se renuevan anualmente, lo que comporta la imposibilidad de establecer el más mínimo proyecto de cara al futuro. En algún caso, las contrataciones de estos profesores incluyen cláusulas que nominalmente les privan de sus derechos reconocidos legalmente (por ejemplo: pueden no tener derecho a paro; pueden no tener derecho a permiso por maternidad; pueden ser contra tados tres horas y obligados por la universidad a darse de alta en el Inem para cobrar conjuntamente el subsidio de desempleo, al tiempo que de hecho continuan desarrollando sus tareas universitarias a tiempo completo). Su retribución es baja, tanto en sueldo como en complementos (el sueldo bruto medio de un profesor contratado con 40 horas de dedicación semanal es de 2.690.744 pesetas frente al de un profesor titular que, con la misma dedicación, cobra 4.200.450 pesetas); a diferencia de los demás docentes del MEC, los contratos de la univesidad no tienen derecho a complementos docentes, tales como trienios o quinquenios, ni a los específicos de su propia producción, como son los sexenios de investigación. Tienen grandes limitaciones para su ejercicio profesional (no pueden participar en las pruebas de acceso a la universidad; no pueden dirigir en solitario tesis doctorales a becarios de Formación del Personal Investigador; no pueden figurar como directores de proyectos de investigación subvencionados por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica; no pueden ser investigadores principales en proyectos de Acciones Integradas. Curiosamente, como el sistema de funcionariado es diferente en Europa, los profesores españoles contratados sí pueden ser reconocidos como investigadores principales en proyectos Europeos).El deterioro laboral y profesional de estos profesores incide negativamente en la calidad docente de nuestras universidades. Las limitaciones a su ejercicio profesional impiden la formación de nuevos grupos de investigación y la captación de recursos externos que financien a la universidad. No cabe duda de que el nivel que en materia docente e investigadora ha conseguido la universidad, y por extensión, la sociedad española, es fruto de un esfuerzo personal y económico de los contribuyentes, que ha permitido formar especialistas que transmiten su saber en las aulas. Por tanto, constituye una falta de responsabilidad social desaprovechar las cotas científicas alcanzadas por el conjunto de los profesores contratados.

Los medios de comunicación se han hecho eco de esta situación, aunque quizá no se han argumentado suficientemente hechos concretos que permitan a la opinión pública tener una idea más precisa sobre nuestro colectivo. El debate se ha suscitado a raíz de un documento que pretende transformar la Ley de Reforma Universitaria, en su capítulo de profesorado, donde, aparentemente, la motivación de dicha reforma es la mejora de la tuación laboral de estos profesores. Lamentablemente, el documento se éstá concibiendo en el más absoluto secreto, sin contar con la opinión del colectivo implicado.

La situación laboral y profesional de estos profesores no puede demorarse con nuevos planteamientos que dilatarían aún más el deterioro actual. Este colectivo exige una solución inmediata, para lo que propone una figura subsidiaria de profesor laboral de contrato indefinido, sometido a evaluaciones periódicas de su producción científica y de su docencia, que justifiquen así su permanencia en la universidad y sus complementos salariales.

Este colectivo se considera miembro y artífice de hecho, junto con los profesores numerarios, de la actual mejora de la universidad española y, por tanto, aspira lícitamente a que sean reconocidos sus derechos. Nuestra situación hipoteca seriamente a la universidad, porque lastra sus pretensiones de excelencia y modernidad a las puertas del siglo XXI.

No se puede hablar de reforma universitaria a coste cero cuando de partida se arranca con una deuda económica y de reconocimiento social con aquellos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, entre otros, dicha reforma. No queremos estar sometidos continuamente a esta luz de gas que amenaza seriamente nuestras entendederas.