El ex militar argentino Scilingo declarará sobre la cooperación represiva chileno-argentina

El ex capitán de corbeta de la Armada argentina Adolfo Scilingo, autoinculpado en la represión durante la dictadura militar y actualmente en la cárcel de Carabanchel por orden del juez Baltasar Garzón, declarará como testigo ante el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la connivencia entre los regímenes militares de Chile y Argentina para combatir la subversión". García Castellón instruye una causa por genocidio y terrorismo internacional contra el general Augusto Pinochet y sus colaboradores más próximos.

Fuentes jurídicas han indicado que el juez ha citado a Scilingo para mañana a petición de la acusación particular en el sumario chileno, después de que el ex militar declarase ante Garzón, instructor de otro sumario sobre los crímenes de la dictadura argentina. De esta declaración se desprendía una presunta cooperación entre los aparatos represivos de los dos países. latinoamericanos en la Operación Cóndor, que se ideó para que la policía chilena controlase a los "subversivos" argentinos que residían en Chile, y viceversa.Scilingo se halla en prisión provisional, incondicional y comunicada tras haber confesado ante el juez Garzón su directa participación en los llamados vuelos de la muerte, en los que perdieron la vida unas 4.400 personas que fueron arrojadas vivas desde aviones militares que volaban a gran altura.

Algunas fuentes jurídicas dudaban ayer de que Scilingo posea información relevante sobre los entresijos de la Operación Cóndor.

Bautizada con el nombre del ave que comparte un sitio en el escudo chileno junto a un huemul, la Operación Cóndor fue una iniciativa promovida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, el más temible aparato represor del régimen militar de Pinochet, para coordinar lo! servicios de seguridad de las dictaduras del cono sur latinoamericano: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Actuó entre mediados de los setenta y hasta 1977, cuando la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) y las tensiones fronterizas con Argentina terminaron con la cooperación bilateral de espionaje. Sin embargo, los vínculos entre los servicios de seguridad se mantuvieron.

En la estructura de cooperación, Cóndor Uno -el coordinador de la operación- era el entonces coronel Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, hoy en prisión por el asesinato del antiguo canciller socialista chileno Orlando Letelier. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, señala que algunos piensan que el nombre de Cóndor se aplica no a la organización, "sino más bien a un conjunto de acciones coordinadas".

La investigación de los periodistas Alejándra Matus y Francisco Artaza, publicada por el diario chileno La Nación en 1995, que recibió el Premio Ortega y Gasset, transcribe parte de un informe hecho por el agente del FBI Robert Scherrer, agregado en Buenos Aires en esos años, en el cual se sostiene que "la Operación Cóndor es el código para la recogida, intercambio y almacenamiento de inteligencia relacionada con los llamados izquierdistas: comunistas y marxistas". Además, apoyaba acciones en los países miembros, y una fase secreta "involucra la formación de escuadrones especiales de los países miembros para que viajen por el mundo a países no miembros para llevar a cabo sanciones, hasta el asesinato, contra terroristas", agrega Scherrer. Esta última fase estaba pensada para Europa, especialmente para Francia y Portugal.

Entre las acciones que se le atribuyen a esta agrupación y a la colaboración de los servicios de seguridad está la Operación Colombo, en la que con informaciones de prensa falsas se intentó hacer creer que 119 detenidos-desaparecidos chilenos estaban muertos en otros países, por supuestos ajustes de cuentas entre grupos guerrilleros. También figura el traslado clandestino a Chile de dirigentes de izquierda detenidos en otros países, el más conocido de los cuales es Edgardo Enríquez, destacado ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que figura entre los detenidos desaparecidos.

Una ex agente de seguridad, Luz Arce, militante socialista a quien las torturas la arrastraron a colaborar con la DINA, relató en su posterior testimonio a la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuando ya estaba arrepentida, que en 1976, mientras trabajaba en el cuartel central de la DINA, tuvo acceso a un "comunicado vía Cóndor" donde se decía que "el servicio de inteligencia argentino ponía a disposición de la DINA-Chile al detenido extremista Edgardo Enríquez".