Inquietud en el Ejercito chileno

Abogados especialistas en derechos humanos coincidieron ayer en valorar la importancia de que el auditor general del Ejército, general Fernando Torres Silva, haya comparecido de forma voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón (ver EL PAÍS de ayer), aunque estimaron que ello no afectará la marcha de la investigación por genocidio contra la Junta militar chilena. La revista Qué Pasa publicó ayer una nota en la que confirma la preocupación del Ejército por el sumario que instruye García Castellón.Agrega la publicación que, según personas cercanas al Ejército, "existe la sensación de que el tema es más complicado" de lo que dan cuenta las informaciones españolas. Torres hizo el viaje para realizar contactos y "solucionar definitivamente el asunto, que ha generado un distanciamiento entre los Ejércitos de ambos países".

Y afirma que esto llevó al servicio de inteligencia militar de España a sugerir que viaje a Chile el ministro de Defensa, Eduardo Serra, para reunirse con Pinochet a fines de mes.

Según el consejero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Andrés Domínguez, "es muy positivo que el auditor general del Ejército se haya acercado al proceso. No creo que pueda tener ningún tipo de influencia sobre el juez García Castellón, ya que lo más probable es que sólo le permita hacerse un diagnóstico para definir una estrategia de defensa".

En el mismo sentido opinó el abogado Alfonso Insulza, que representa a la familia de Carmelo Soria, el español asesinado por agentes de la dictadura en 1976 que fueron amnistiados por la justicia chilena. "No creo que la visita de Torres tenga importancia relevante respecto al resultado del proceso, aunque manifiesta una inquietud del Ejército". Según él, el tribunal español "es plenamente competente para conocer de estos casos".

Domínguez agregó que el proceso puede terminar con una orden de captura contra una personalidad institucional tan importante como Pinochet.