Marcha atrás

LA CAPACIDAD de rectificar de este Gobierno sólo es comparable con la que le adorna como patrocinador de iniciativas que vulneran garantías jurídicas y derechos fundamentales. Y esto ocurre con especial intensidad en los proyectos que propone la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, poco atenta, por lo que se ve, a la denominación de su departamento. Hace unas semanas quiso discriminar a unos delincuentes respecto a otros rebajando la mayoría de edad penal para delitos de terrorismo; ahora presenta un proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional que pretende facilitar la extradición de asilados políticos, en franca violación de las garantías constitucionales y del convenio internacional de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados.Esa perla y muchas otras -la permisividad, en la entrega a otros países de personas que pueden ser condenadas a penas inhumanas, o la renuncia al principio de no retroactividad penal- están contenidas en un proyecto de ley cuya reconsideración ya fue sugerida por el Consejo de Estado en un dictamen emitido el pasado mes de abril. El texto crea una gran confusión entre el ámbito nacional y el exterior, y, para resolver eventuales conflictos, apela a un hipotético Tribunal Penal Internacional que simplemente no existe y que hoy por hoy actúa sólo para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Bosnia. En general, se desmarca de los derechos fundamentales y de las garantías que establece la Constitución. Y lo remata con una delegación genérica de la aplicación de la ley en el titular del Ministerio de Justicia: la propia autora del desaguisado.

Las rectificaciones anunciadas ayer por Mariscal de Gante -a pesar de su aparenté contrición- merecen escaso crédito, porque no son la respuesta a las objeciones jurídicas que conoce desde hace meses, sino a la avalancha de críticas políticas -entre ellas las de CiU- que, después de haber evitado una derrota parlamentaria del Gobierno, se ha creído obligada a anunciar que darán la vuelta a la ley. Pasado el temporal, no es descartable que la ministra, insista en salvar su chapuza legislativa. Un indicio de que así será es que ayer mismo consiguió que el Gobierno le aprobara la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual de menores. Todo ello a pesar de las objeciones jurídicas recibidas por resucitar el delito de corrupció de menores y confundir la protección penal con la moalización ciudadana. Sólo así puede explicarse su intento de penalizar no sólo a los organizadores de espectáculos pornográficos con menores, sino también a los espectadores.

El freno a esa fiebre legislativa tan atrabiliaria pudo ponerlo el Parlamento mediante la votación de sendas enmmiendas a la totalidad del PSOE e IU, por una vez de acuerdo en defensa del Estado de derecho y la legalidad constitucional.